El martes 19 de julio, en el marco de la inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso, la Señora Isabel Miranda de Wallace, se dirigió al Presidente Enrique Peña Nieto.

Imagen: Presidencia de la República.
Imagen: Presidencia de la República.

“Señor Presidente:

Agradecemos su presencia en este foro, ya que demuestra su compromiso y sensibilidad para escuchar, entender y atender a las víctimas del delito. Detrás de cada víctima hay una historia de vida, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas materiales y, muchas veces, humanas. Existen miles y miles de víctimas de secuestro, de trata, familiares de desaparecidos en espera de justicia.

Atender a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado. Al hacerlo, fomentará la confianza de la ciudadanía para que se acerquen al sistema a denunciar los delitos de los que han sido objeto.

Señor Presidente: Usted tiene el poder de cambiar las condiciones que hoy vivimos las víctimas del delito y ponerlas en el centro del sistema de procuración y administración de justicia.

Los operadores del sistema deben entender, sobre todo los juzgadores, que no es necesario anular los derechos de las víctimas para hacer valer los derechos humanos de los imputados. Ya con anterioridad, hemos señalado la urgencia de modificar la Ley de Víctimas, ya que la actual es inoperante por la gran burocracia con la que fue diseñada; la cual, desde las mesas de trabajo lo señalamos, y aquí le consta al Senador Roberto Gil, que estuvimos presentes en esas mesas.

Hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende únicamente a víctimas de competencia Federal, la cual, por cierto, hasta hace poco había indemnizado más a imputados que a víctimas del delito, lo cual no debería de ocurrir, señor Presidente.

En un sistema verdaderamente democrático y de Estado de Derecho, reducir los derechos humanos como un negocio para delincuentes es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país.

Además, dicha Comisión, nos cuesta muy cara y simplemente no funciona como está conformada, pues se ha convertido en un elefante blanco burocratizado y no responde a las necesidades de las víctimas. Es urgente y necesario cambiarlo.

Para tener la calidad de víctimas es necesario un arduo proceso, muy frecuentemente fuera del alcance de un ciudadano de a pie.

Para obtener una reparación integral o compensación, la ley actualmente exige sentencia condenatoria, como si fuera responsabilidad de una víctima obtenerla y no una obligación del Estado y del propio sistema para poder hacer justicia y compensar a una víctima de forma integral.

En contraste, tenemos el extremo, en que un imputado con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo a la ley, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata.

Y si consigue una recomendación de cualquier Comisión de Derechos Humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito; es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual.

Señores: Con todo respeto pregunto, ¿acaso las víctimas del delito no tenemos derechos humanos?, ¿acaso no son los delincuentes los primeros en violarlos?, ¿acaso no deberíamos de estar primero en derecho y en tiempo las víctimas para ser atendidas?

Si alguna institución o sus integrantes violan los derechos humanos, lo correcto es que les cueste de su presupuesto. ¿Cómo es posible que, habiendo tantas víctimas, tomen del fondo presupuestal en lugar de apoyarlas para subsanar las fallas que como autoridad tuvieron.?

Por otro lado, debemos señalar que en algunos aspectos la ley es letra muerta, ya que a nivel Federal y estatal no se ha dado cumplimiento al compromiso de contar con asesores jurídicos, suficientes y capaces como marca la ley. Además, los estados no han creado los fondos de reparación e infraestructura necesaria para las reparaciones correspondientes.

Debe existir alguna forma para que se cumplan las leyes, señor Presidente.

Estamos ante un reto mayúsculo. Hoy quiero hablarle de lo que sufrimos las víctimas.

Además de sufrir una mala procuración y administración de justicia en términos generales por falta de una adecuada capacitación, muchas de las veces en los operadores del sistema, somos lastimadas en nuestra dignidad. En otras palabras, somos revictimizadas, humilladas y sobajadas.

A La petición de la Sra de Wallace se unió la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos:

“…La Reforma Constitucional de 2011, en Materia de Derechos Humanos, marcó un cambio importante en la concepción de estos derechos fundamentales, confiriendo una nueva dimensión a su tutela en todos los ámbitos del quehacer gubernamental.

Sin embargo, ¿por qué estamos reunidos hoy aquí?. ¿Qué es lo que escapa a esas leyes y aún hace necesario tratar el tema de los derechos de las víctimas. Por qué hablar de equidad en el debido proceso.?

Porque todo cambio supone una etapa de transición, de acomodo.

La Reforma en Materia de Derechos Humanos trajo consigo una serie de criterios que enfocaron su mayor atención en la tutela de los derechos de los inculpados.

El tiempo nos permite aquilatar en todos sus alcances el espíritu de la reforma al Artículo 1º de nuestra ley fundamental, al señalar que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; así como de las garantías para su protección.

Mandato que no permite ignorar que el debido proceso es tanto para los inculpados por la comisión de un delito, como para las víctimas.

La moderación es producto de la maduración. En esta ruta estamos caminando en un sendero que nos debe llevar a una tutela en plena equidad de los derechos de víctimas y victimarios. Hoy estamos dando un paso decisivo para el resarcimiento de dichas fallas.

Comenzamos a mermar ya la desconsideración histórica de la norma frente a los derechos de las víctimas.

No existe justificación para que los derechos, ni del agresor, ni del agraviado sean omitidos. La tutela diferenciada en un proceso es inadmisible, atenta contra la esencia misma de los principios que lo rigen. Donde no hay equidad, no hay justicia.

La eficaz aplicación de las reformas constitucionales requieren de conjunción de esfuerzos de toda la comunidad jurídica, de apertura en la discusión en la que se privilegie la evolución del derecho, sin desechar aquellos criterios que, por constituir la base de nuestro sistema, el Constituyente considera inmutables; de propuestas serias y responsables, que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable, con reglas claras y universales, de ejecución no ilusoria, sino real.

Estos ajustes requieren de profundas reflexiones en las que impere la prudencia y el sentido común. De ahí la enorme responsabilidad del juzgador en su deber de impartir justicia: actuar con la debida diligencia para atribuir las consecuencias jurídicas pertinentes a quien vulnere el orden jurídico, en una adecuada ponderación que mire más allá de la verdad formal, en la búsqueda de la verdad real, evitando de esta manera la impunidad.

El nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene como principios la publicidad, la igualdad, entre las partes y ante la ley, la continuidad y la concentración, entre otros, nos implica un cambio de cultura que debemos asumir con la mayor responsabilidad para hacerlo viable y dar una respuesta satisfactoria a la sociedad, a través de órganos jurisdiccionales serios, confiables, predecibles, que día a día legitimen su actuación.

Juntos hagamos realidad el México que soñamos: un país en el que impere la igualdad, la certeza, la justicia y la paz.”

El Presidente de la República recibió la Iniciativa de Ley, aceptó que la normatividad vigente en materia de protección a víctimas en el país presenta fallas, inconsistencias y en algunos casos incluso es inoperante, y ofreció ser un aliado para mejorar las leyes en la materia.

Sin duda un gran reto para la administración de Peña Nieto, no sólo es la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si no la correcta aplicación del mismo, la correcta actuación de los jueces y ministerios públicos, que se han caracterizado por su pobre actuación y la constante revictimización de las víctimas del delito.

Como abogada, me indigna leer que las reformas han sido aprovechadas por los “abogados de los delincuentes”, y ahora, con la “garantía de los derechos de los procesados”, quienes se han visto beneficiados son precisamente quienes cometen un delito.

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-...

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/19/pena-admite-que-actual-ley...

Imagen: Presidencia de la República.
Imagen: Presidencia de la República.

Importante esfuerzo de la sociedad civil Alto al Secuestro, buscar reformas para lograr una correcta interpretación y aplicación de las normas. Los jueces en México no se caracterizan por ser empáticos con las víctimas, más bien, con su poca capacitación y su pésimo actuar se han convertido en los “salvadores” de los delincuentes.

“También solicitamos a los medios de comunicación a hacer conciencia para no convertirse en instrumentos de los delincuentes, quienes siempre buscan evadir su responsabilidad. En lugar de ello, todos debemos construir una opinión pública, que proteja la integridad de las víctimas.”

Isabel Miranda de Wallace. Foro Internacional Equidad para las víctimas en el debido proceso.