Habrá muchas, pero hay una crítica de la cual no escapará el actual gobierno: haber intercambiado impunidad para los actos de corrupción del pasado sexenio por las 13 reformas estructurales que le aprobó el Congreso en los dos primeros años.

Eso costó el Pacto por México: triturar los expedientes de corrupción y dar respiración boca a boca al PRD para que sobreviviera sin el liderazgo de AMLO.

¿Resultado? Que el partido que aparece como corrupto ante la sociedad es el PRI, con consecuencias electorales que tienen visos de cataclismo:

1.- Perdió siete gubernaturas en las elecciones intermedias en 2016, está pasando aceite en las campañas para las de junio en Edomex, Coahuila y Nayarit, y aparece en tercer lugar en las encuestas para las presidenciales de 2018.

2.- Sólo encarcela a exgobernadores suyos, salvo a un panista, Guillermo Padrés, y eso porque le era inevitable ante los desfalcos faraónicos del sonorense, que hasta poseía caballerizas climatizadas y una represa propia.

Pero si muchos hicieran el ejercicio de sacarse los sapos de la barriga, deberían aceptar que, mientras en los sexenios panistas ningún exgobernador fue encarcelado, en el actual van ocho investigados, prófugos o procesados.

De éstos, seis se encuentran presos: los priistas de Veracruz, Javier Duarte y Flavino Ríos (interino); de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Michoacán, José de Jesús Reyna; el ya mencionado panista Padrés, y el priista de Tabasco, Andrés Granier.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, está prófugo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León, lleva un proceso en libertad, después de permanecer un rato en prisión. Debería ser de rigor moral aceptar que todo eso se ha producido durante este gobierno.

En cambio, quedaron sin castigo casos de corrupción del sexenio pasado: —El IMSS gastó tres mil millones de pesos en equipamiento que jamás pudo ser usado, por inservible; y el ISSSTE compró medicamentos con sobreprecio de 430 millones de pesos.

—Para los festejos del Bicentenario se destinaron tres mil 750 millones de pesos, de los cuales únicamente fueron justificados 500 millones. —La Estela de Luz debió costar 497 millones 500 mil pesos y tuvo un sobrecosto de 678 millones.

—Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, creció la deuda de mil 972 millones de pesos a siete mil 632 millones; compró terrenos en mil millones de pesos para construir un tren interurbano, pero canceló el proyecto e indemnizó a la empresa afectada con 101 millones.

El partido en el gobierno aceptó comerse solito los gusanos, a cambio de 13 reformas cuyos resultados se verán en una década. Un acto que podría ser observado como “visión de Estado”, aunque, en cambio, ha quedado como un gobierno marcado por la corrupción.

Ése es nuestro nivel.

Twitter: @ruben_cortes