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CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho representantes de la sociedad civil y 17 integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestaron en un comunicado su preocupación ante el anuncio del actual gobierno federal de eliminar el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.

En siete puntos, los 25 firmantes, entre los que se encuentran Juan Martín Pérez, de Red por los Derechos de la Infancia en México; Carlos Ríos Espinosa, de Human Rights Watch o María Josefina Menéndez Carbajal, de Save the Children, expusieron que lo más preocupante de la decisión anunciada es que el cuidado

infantil se asume como un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.

También alertaron que se pone en riesgo la vida, la seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin adecuada capacitación, supervisión y acompañamiento.

E insistieron en que al eliminar las estancias infantiles se olvida que en el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral.

Ante este panorama de vulnerabilidad para la infancia, los representantes de la sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo del Sipinna solicitaron que “el Estado asuma plenamente su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de las niñas y niños más pequeños y más pobres, y articule una política integral de primera infancia desde el enfoque de derechos y de género”.

Además, pidieron que se diseñen alternativas que aseguren las opciones de cuidado infantil para todas las familias; incluidas aquéllas sin seguridad social, y que se analice la evidencia sobre los efectos que tienen el cuidado de los abuelos, y principalmente de las abuelas, en el desarrollo de las niñas y los niños.

Por último, refirieron el artículo tercero de la Convención Sobre los Derechos del Niño/Niña:

Todas las medidas concernientes a los niños/niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño/niña”.