A la cárcel exdirectora del INVI por autoliquidarse 1.7 millones de pesos

En  Baja California Sur, el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento dictó una sentencia de tres años de prisión contra Rosalva “N”, exdirectora del Instituto de Vivienda del Estado (INVI), por auto liquidarse ilegalmente más de 1.7 millones de pesos mientras aún ostentaba el cargo.

Esto ocurre luego de que la Fiscalía se vio imposibilitada para solicitar el desafuero de dos funcionarios del estado de Baja California Sur.

¿Qué cargos se le impusieron a la ex funcionaria?

Rosalva “N” fue encontrada culpable por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 280 del Código Penal del Estado. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la pena máxima de ocho años; sin embargo, el tribunal determinó imponer tres años de prisión.

También se le condenó al pago total del monto del daño ocasionado al erario, a favor del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.

Esto pudiera formar parte de los 3 casos de funcionarios acusados por corrupción en BCS.

¿Cuáles fueron los hechos por los que se le impuso la pena de prisión?

Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2021. Según las investigaciones de la Fiscalía, la exfuncionaria ordenó, autorizó y recibió el pago de su “liquidación por término de relación laboral” por más de 1.7 millones de pesos, sin que existiera una terminación formal de su relación laboral y sin conocimiento ni autorización del Consejo del Instituto de Vivienda.

Este acto fue calificado como un caso grave de corrupción, ya que se presume que la funcionaria utilizó su cargo para obtener beneficios personales. Tras ser encontrada culpable, las autoridades informaron que el proceso en contra de Rosalva N continuará conforme a lo establecido por la ley.

Un hecho histórico para la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción calificó esta resolución como un logro histórico, al tratarse de una sentencia condenatoria por hechos de corrupción que contempla prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de reparar el daño.

Este caso también marca un precedente en la lucha contra la impunidad en Baja California Sur. La dependencia reiteró su compromiso de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción, sin excepciones.

La declaración se dio luego de que se señalará al Congreso del Estado por presuntamente proteger a con fuero a funcionarios mediante el uso del voto secreto, lo que genero críticas por la falta de transparencia en estos procesos.