Sanción para funcionarios negligentes: esto dice la propuesta en el Congreso de BCS

En el Congreso de Baja California Sur, además de trabajar en la iniciativa de la Ley Alina para proteger a mujeres víctimas de violencia, también están revisando otra propuesta que busca castigar a funcionarios públicos cuando cometan negligencia o omisión en sus responsabilidades.

Esta iniciativa pretende que los servidores públicos sean más responsables y que los ciudadanos puedan exigir cuentas de manera más clara y rápida.

Video | Sanciones a funcionarios públicos

¿Qué busca la propuesta del Congreso de Baja California Sur sobre la sanción a funcionarios negligentes?

La propuesta busca que cualquier daño causado por servidores públicos a personas, bienes o instalaciones bajo su responsabilidad pueda ser denunciado y sancionado de forma más rápida.

La idea principal es que los ciudadanos puedan acceder a la justicia sin pasar por procesos judiciales largos y complicados.

Esta medida fue presentada por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto y se basa en la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y la vigilancia sobre cómo se ejerce el poder en Baja California Sur.

La iniciativa también busca proteger los derechos de la población, creando un mecanismo administrativo que complemente al proceso penal, para que las denuncias y sanciones sean más fáciles de ejercer cuando un funcionario comete un acto ilícito.

¿Qué cambios plantea la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas?

La propuesta busca agregar un artículo 54 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Este nuevo apartado considera como falta administrativa grave cuando un funcionario público actúa con negligencia u omisión en su trabajo. Además, se han propuesto otras iniciativas para evitar el nepotismo y la reelección inmediata.

Si se aprueba, los ciudadanos afectados podrían presentar denuncias directamente ante las autoridades competentes, sin necesidad de pasar por un proceso penal complicado. Esto hace que la justicia sea más rápida y accesible.

Actualmente, la ley establece los deberes y responsabilidades de los funcionarios y las sanciones que aplican tanto a ellos como a los particulares que cometan faltas graves.

Las autoridades encargadas de investigar y calificar estas faltas son la Contraloría General del Estado, las Contralorías Municipales y los Órganos Internos de Control.

La idea detrás de la reforma es hacer que el sistema sea más eficiente y acercar la justicia administrativa a la gente, para que los funcionarios cumplan mejor con sus responsabilidades y los ciudadanos tengan herramientas reales para defender sus derechos.

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¿Cómo afectará la nueva propuesta sobre la sanción a funcionarios negligentes?

Si la iniciativa se aprueba, cualquier persona que sufra daños por la negligencia de un funcionario público podrá iniciar un proceso administrativo para que se le imponga una sanción.

Esto significa que no será necesario pasar por un procedimiento penal largo, y las autoridades podrán actuar más rápido.

Para los funcionarios, la medida significa más responsabilidad y mayor control sobre cómo cumplen sus deberes. La idea es que el servicio público se ejerza con más cuidado y que la gente tenga herramientas reales para defender sus derechos.

Además de esta propuesta, se está analizando otra iniciativa para que las licencias de conducir tengan una vigencia de hasta 6 años, presentada por el diputado Fabrizio del Castillo Miranda, lo que busca simplificar los trámites y dar más comodidad a los conductores.

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