¿De qué trata la nueva Administración de Comercio Exterior en Coahuila?
La creación de la Administración General de Comercio Exterior en Coahuila ha encendido la controversia entre ciudadanos, especialmente en las fronteras de Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde se han implementado retenes para el aseguramiento de mercancías y vehículos procedentes del extranjero. La medida, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha sido señalada por presuntos abusos y falta de transparencia por parte del personal que opera en estos puntos.
Aunque el objetivo oficial de esta nueva dependencia es combatir el contrabando y fortalecer la fiscalización en materia de comercio exterior, diversos testimonios han denunciado intimidación, extorsiones y decomisos sin explicación clara, situación que preocupa tanto a residentes como a visitantes fronterizos.
¿Qué hace esta nueva dependencia del Gobierno de Coahuila?
La Administración General de Comercio Exterior fue elevada de rango en febrero de 2025 mediante una reforma al reglamento interno de la Administración Fiscal General. Sus funciones van más allá de supervisar mercancías, ya que ahora puede:
- Asegurar bienes que hayan sido importados, incluso si ya se pagaron impuestos ante la Aduana.
- Bloquear cuentas bancarias y embargar propiedades en casos de supuestos incumplimientos fiscales.
- Realizar visitas domiciliarias a contribuyentes para revisar si su documentación coincide con la reportada ante la autoridad federal.
- Designar peritos contables para revisar declaraciones fiscales previas.
Estas atribuciones se sustentan en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, firmado con la Secretaría de Hacienda en 2015, que permite a los estados realizar tareas del SAT y de la Aduana.
¿Qué denuncian los ciudadanos afectados por los retenes?
Ciudadanos que han cruzado por los puentes internacionales de Coahuila, principalmente en Ciudad Acuña y Piedras Negras, reportan haber sido detenidos sin justificación aparente, con amenazas y decomisos no documentados.
Uno de los testimonios más recientes es el de Giselle, quien el pasado 16 de julio fue detenida junto con su pareja en Ciudad Acuña por conducir un vehículo extranjero. A pesar de contar con documentación que acredita la propiedad del automóvil, les fue quitado sin explicación:
- Les exigieron firmar documentos que no se les permitieron leer.
- Fueron intimidados y amenazados con perder el vehículo si no firmaban.
- No se les regresó la credencial de elector.
- No lograron obtener información sobre el paradero del auto en la Fiscalía, Aduana ni con los operadores de grúas.
Otro caso documentado por La Rancherita del Aire en Piedras Negras, revela que a un ciudadano se le exigieron $9,800 pesos adicionales por una mercancía ya declarada en Aduana, bajo el argumento de que los impuestos federales no eran válidos para el estado.
¿Dónde está la transparencia en los decomisos?
Una de las principales críticas a la operación de esta dependencia estatal es la ausencia de transparencia. Según los testimonios recabados:
- No se entrega recibo o documento oficial que justifique la retención de vehículos o mercancías.
- No se informa el lugar a donde se trasladan los bienes decomisados.
- No se publica el valor comercial de los objetos incautados ni el monto de las supuestas multas.
Pese a solicitar una postura oficial al director de Comunicación Social del gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo estatal.
¿Realmente se busca recaudar más con estas acciones?
El Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2025 del Gobierno de Coahuila no contempla montos por concepto de Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales, lo que sugiere que esta nueva fiscalización no tiene como fin explícito generar ingresos adicionales. Sin embargo, los decomisos sin registro oficial generan dudas sobre su legalidad y destino.
