¿En qué consiste la nueva “Reforma Vecinal” que busca beneficiar a Coahuila?
Asociaciones vecinales de más de 16 colonias de Saltillo, junto con habitantes de Arteaga y General Cepeda, ingresaron al Congreso del Estado una propuesta denominada Reforma Vecinal, con el fin de asegurar que las comunidades participen de manera real y con efectos legales en decisiones relacionadas con el crecimiento urbano.
La propuesta cuenta con el respaldo de más de 3 mil familias, según los impulsores.
La iniciativa plantea una modificación profunda tanto a la Constitución local como a la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de que la población tenga capacidad de influir, exigir y detener proyectos que afecten su entorno.
¿Qué significa incorporar el “Derecho a la Ciudad” a la Constitución?
Uno de los ejes centrales es incluir el concepto de Derecho a la Ciudad en el Artículo 7 constitucional, lo que otorgaría a cualquier persona con residencia en Coahuila la posibilidad legal de intervenir en la planeación, gestión y uso del territorio.
Este derecho, explicaron los colectivos vecinales, implica acceso equitativo a servicios urbanos, espacios públicos dignos y mecanismos efectivos para intervenir en la toma de decisiones.
Además, el planteamiento busca reforzar la organización comunitaria para que las comunidades influyan directamente en políticas públicas relacionadas con crecimiento urbano y convivencia vecinal.
¿Cómo cambiaría la planeación urbana con diagnósticos vecinales obligatorios?
Actualmente, las Agendas Comunitarias funcionan únicamente como referencia para los gobiernos. Sin embargo, la reforma propone que las autoridades estatales y municipales estén obligadas a incorporar los diagnósticos vecinales dentro de los Planes de Desarrollo.
Esto convertiría los insumos ciudadanos en instrumentos vinculantes, lo que significaría que ningún programa, obra o proyecto público podría ser aprobado sin considerar previamente las necesidades y condiciones documentadas por las comunidades.
El documento presentado también detalla que estas agendas deberán integrarse mediante ejercicios participativos organizados directamente con los vecinos, evitando procesos cerrados o discrecionales.
¿Qué sanciones se contemplan para las autoridades que no cumplan con la participación ciudadana?
Otra de las modificaciones relevantes consiste en establecer sanciones para cualquier funcionaria o funcionario que ignore los procesos de participación vecinal.
La propuesta plantea cambios a la Ley de Participación Ciudadana y al Código Municipal, de manera que omitir estos mecanismos constituya una falta sancionable bajo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Los colectivos argumentaron que, hasta ahora, la ley contemplaba la participación ciudadana como recomendación, pero carecía de consecuencias. Con la reforma, cualquier autoridad estaría obligada a atenderla, integrarla y justificarla.
¿Cómo funcionaría la elección ciudadana de consejos y el “veto vecinal” a obras públicas?
El proyecto también busca transformar la integración de los consejos ciudadanos, proponiendo que su conformación sea mediante convocatoria pública organizada por el Instituto Electoral de Coahuila, y no por designación de gobiernos municipales o estatales.
Además, uno de los puntos más destacados es la creación de un mecanismo de veto vecinal. Este permitiría que cualquier obra pública deba someterse previamente a una consulta con los habitantes de la zona afectada.
Si la opinión vecinal fuera negativa, el contrato de la obra podría rescindirse.
Los impulsores señalaron que esta medida busca evitar proyectos que causen conflictos por falta de información o por afectar viviendas, movilidad o condiciones ambientales, como ha ocurrido en zonas de Saltillo como Lomas de Lourdes, Brisas Poniente, La Hibernia, Jardín Oriente y el Centro.
La iniciativa será presentada en los próximos días a cada coordinación parlamentaria del Congreso Local. Las organizaciones también planean solicitar una reunión con el gobernador para exponer el alcance del proyecto, que aseguran representa un paso histórico para fortalecer la voz ciudadana en Coahuila.
