Esta es la pena máxima para ex funcionarios de Durango detenidos por corrupción
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) informó el sábado 4 de octubre de 2025, la detención de cuatro ex funcionarios del municipio de Durango, acusados de actos de corrupción.
Fue la Fiscalía quien cumplimentó las órdenes de aprehensión contra estos ex funcionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en agravio del municipio de Durango.
Esta es la pena máxima para ex funcionarios de Durango detenidos por corrupción
La Fiscalía Anticorrupción indicó que los imputados durante el ejercicio de sus funciones, autorizaron y efectuaron pagos a diferentes empresas, por lo que se les podría otorgar las siguientes penas que varían según el monto del daño esto según el artículo 334 del Código Penal de Durango.
Las penas son:
- Si el monto no excede 90 UMAs: 6 meses a 2 años de prisión y multa de 36 a 144 UMAs.
- Si el monto excede 90 UMAs; 2 a 12 años de prisión y multa de 144 a 864 UMAs.
- Si no se puede cuantificar el monto: 3 a 12 años de prisión y multa de 216 a 864 UMAs.
Si el acto beneficia económicamente al propio servidor público o a sus familiares, socios o personas cercanas, las penas se aumentan en una tercera parte.
¿Quiénes son las personas que fueron detenidas por la Fiscalía Anticorrupción?
Los ex funcionarios municipales que fueron detenidos por la Fiscalía Anticorrupción y que se encuentran en el Centro de Reinserción Social No. 1 son:
- Felipe de Jesús N, exdirector Municipal de Administración y Finanzas;
- Carlos Eduardo N, exsubdirector administrativo y de egresos;
- María Luisa N, ex jefa del departamento de ejercicio presupuestal;
- Beatriz N, ex auxiliar contable.
El daño a las finanzas del Ayuntamiento de Durango
Los exservidores públicos en mención pertenecían a la administración municipal 2016-2019 tenían bajo su responsabilidad la administración y el manejo de los recursos económicos del Ayuntamiento de Durango.
Recordar que durante el ejercicio de sus funciones, autorizaron y efectuaron pagos a diferentes empresas, sin que existiera la documentación comprobatoria que la normativa exige para acreditar la legalidad de dichas erogaciones, dispersando indebidamente estos recursos desde las cuentas del municipio, ocasionando con estas acciones un daño al erario.
