Buscan endurecer sanciones contra montachoques, usureros y quienes fabrican delitos en Edomex
En busca de combatir abusos como los montachoques, la usura y la fabricación de delitos, diputadas de Morena, PT y PAN expresaron su respaldo a tres propuestas legislativas presentadas en el Congreso del Estado de México. Las iniciativas buscan fortalecer la justicia y frenar prácticas que afectan a sectores vulnerables en la entidad.
¿Qué se propone para castigar a los montachoques?
Aunque el delito de montachoques no está tipificado aún como tal, el diputado Octavio Martínez Vargas explicó que se trata de una forma de extorsión que consiste en provocar choques vehiculares intencionalmente para intimidar y exigir dinero a las víctimas. Esta modalidad ha sido detectada principalmente en municipios como Toluca, Naucalpan y Ecatepec.
El legislador propuso castigos de hasta 24 años de prisión y multas de hasta tres mil días de salario mínimo, con sanciones más altas si las víctimas son personas adultas mayores, mujeres solas o personas en situación de vulnerabilidad.
¿Por qué tipificar la usura como delito autónomo?
En el caso de la usura, la iniciativa busca reconocerla como un delito independiente. Martínez señaló que se trata de prácticas financieras que imponen intereses excesivos. Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, advirtió que muchas familias mexiquenses han sido víctimas de estos abusos sin contar con mecanismos de defensa.
La propuesta considera:
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Penalización de los cobros abusivos.
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Agravantes cuando se afecten a grupos vulnerables.
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Promoción de regulación y transparencia en préstamos.
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Protección especial a mujeres jefas de familia.
¿Qué consecuencias tiene la fabricación de delitos?
Otra iniciativa relevante busca sancionar la fabricación de delitos, práctica que, de acuerdo con Octavio Martínez, daña la confianza ciudadana en la justicia y vulnera a quienes no pueden pagar una defensa legal. Nelly Rivera Sánchez, del partido de Morena, señaló que esta práctica debe reconocerse y castigarse para evitar injusticias.
Además de aumentar las penas, también buscan reforzar el marco legal para brindar mayor certeza a las víctimas y garantizar un proceso justo.
