Hombres y mujeres que incumplan manutención podrían quedar fuera de eventos en Edomex

En el Estado de México, deudores alimentarios podrían ver limitado su acceso a espacios de entretenimiento si no cumplen con la manutención de sus hijos. La diputada Paola Jiménez Hernández presentó una iniciativa que busca garantizar que la prioridad sea el bienestar infantil por encima de conciertos, eventos deportivos o festivales.

¿A quién aplicará la restricción?

La legisladora aclaró que esta medida no está dirigida únicamente a hombres, aunque la mayoría de los casos registrados corresponden a padres. La propuesta aplicará a todas las personas responsables que incumplan su obligación parental.

Jiménez Hernández señaló que muchas mujeres no denuncian por temor a la revictimización o porque el sistema legal no ofrece soluciones adecuadas. La iniciativa pretende cerrar este vacío y proteger los derechos de la infancia, acompañando a quienes buscan hacerlos valer.

¿Cómo se implementará la medida en eventos?

La propuesta incluye mecanismos de verificación para impedir que los deudores alimentarios accedan a actividades recreativas, mediante consulta al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre las acciones contempladas se encuentran:

• Revisar antecedentes de manutención al momento de comprar boletos

• Negar acceso a quienes tengan adeudos confirmados

• Mantener la confidencialidad de los datos personales

• Coordinar con promotoras, empresas y plataformas digitales

• Aplicar la restricción sin importar el tipo de evento

La medida está enfocada en quienes tienen recursos, pero eligen destinar su dinero al ocio antes que a la alimentación de sus hijos, no a quienes carecen de medios económicos.

¿Por qué es relevante esta iniciativa en Edomex?

Actualmente, cerca de 14 mil personas figuran como deudores alimentarios en la entidad. Entre enero y mayo de 2024, se iniciaron más de 1,326 carpetas de investigación por incumplimiento en asistencia familiar. La legisladora subrayó que la reforma busca responsabilizar a los padres y madres de manera equitativa y proteger los derechos de los menores.

Cumplir con estas obligaciones no solo evita sanciones, sino que protege los derechos de los hijos y fomenta la responsabilidad familiar, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones que garantizan la justicia y el bienestar infantil.