Edomex incrementa castigos por abuso digital y protección de menores

El Congreso del Estado de México aprobó modificaciones legales que penalizan con hasta 16 años de prisión a quienes, a través de medios digitales o electrónicos, busquen concretar encuentros o acercamientos con menores de edad con fines sexuales o para obtener contenido explícito.

Las nuevas disposiciones aplican a cualquier forma de contacto: redes sociales, mensajería instantánea, correos electrónicos o medios impresos.

¿Quién presentó la iniciativa y qué leyes fueron modificadas con esta reforma?

La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, del partido Morena. El legislador explicó que estas reformas actualizan el marco jurídico estatal para responder a nuevas formas de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes.

Se reformaron el Código Penal, el Código Administrativo, la Ley de Víctimas y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Hay diferencias en las sanciones según el perfil de la víctima?

Sí. Cuando la víctima es mayor de edad, la pena máxima será de ocho años de cárcel y una multa cercana a 45 mil pesos.

Sin embargo, si se trata de menores, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad, la pena se duplica, sin importar si hubo manipulación, amenazas o engaños para concretar el contacto.

¿Qué otras instituciones asumirán nuevas responsabilidades y cómo deberán actuar ante casos de violencia digital contra menores? 

La reforma establece obligaciones concretas para el sector salud, que deberá:

• Atender de inmediato a menores víctimas de violencia

• Informar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público

• Coordinar medidas de protección urgentes

• Brindar apoyo médico, psicológico y legal especializado

¿Qué papel tendrá la Procuraduría de Protección?

Este organismo contará con nuevas atribuciones para intervenir en casos que involucren a menores y coordinar la protección junto a autoridades judiciales y sanitarias. Además, podrá participar en la evaluación de solicitudes de perdón legal.