Del ciberdelito a la cárcel: Edomex sanciona la creación de deepfakes íntimos

En el Estado de México, la LXII Legislatura aprobó una reforma al Código Penal para enfrentar el creciente uso de deepfakes sexuales, es decir, fotos, videos o audios manipulados con inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona afectada.

La medida busca que quienes usen tecnología para dañar la intimidad, reputación o dignidad de otros enfrenten sanciones legales.

¿Qué sanciones contempla la reforma?

La legislación establece consecuencias claras para quienes generen o difundan deepfakes sin autorización:

• Hasta cinco años de prisión.

• Multas de hasta 500 UMA, equivalentes a unos 56 mil 570 pesos.

• Responsabilidad sin importar el medio de difusión, incluyendo redes sociales, mensajería, correos electrónicos o material impreso.

Con estas disposiciones, el Congreso del Edomex refuerza que la manipulación digital con fines sexuales es un delito, no solo un problema moral.

¿Qué conductas son consideradas delito?

El Código Penal detalla que se infringe la ley al:

• Almacenar o reproducir contenido sexual manipulado.

• Difundir, exhibir o compartir deepfakes.

• Ofrecer, intercambiar o comercializar material sin consentimiento.

• Utilizar cualquier plataforma digital, medios impresos o comunicación electrónica para estas acciones.

Estas reglas aplican independientemente de la intención de los responsables, cerrando vacíos legales que antes permitían el abuso digital.

¿Cómo pueden protegerse los usuarios de redes e IA?

Para evitar riesgos legales y daños a terceros, se recomienda:

• No difundir contenido sexual de otras personas sin autorización.

• Configurar adecuadamente la privacidad y seguridad en cuentas digitales.

• Denunciar deepfakes que afecten la reputación o seguridad de alguien.

Estas acciones ayudan a generar un entorno digital más seguro y evitan repercusiones legales, emocionales o sociales derivadas del uso indebido de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la reforma?

La principal meta es proteger la intimidad, dignidad y reputación de las personas ante los riesgos que generan las nuevas tecnologías. Además, busca prevenir humillaciones, acoso y violencia digital, garantizando que quienes infringen la ley enfrenten consecuencias penales.