En fast track, Congreso mexiquense aprueba aumento de penas por acoso sexual
Con la intención de reforzar la protección a las víctimas, el Gobierno del Estado de México presentó al Congreso local una propuesta para modificar el Código Penal. La iniciativa busca que cualquier denuncia de acoso sexual sea suficiente para iniciar un proceso legal, eliminando la necesidad de que se trate de un acto reincidente.
Esta reforma se enmarca dentro del Plan Integral contra el abuso sexual promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla:
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Considerar el acoso sexual como delito grave.
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Capacitación a servidores públicos para atender denuncias.
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Desarrollo de campañas de concientización.
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Promoción de la denuncia en diferentes espacios públicos y privados.
Según la gobernadora Delfina Gómez, el objetivo es garantizar que ningún caso de acoso quede sin sanción y establecer un precedente para la protección de las víctimas.
¿Cómo se endurecen las penas para quienes cometen acoso sexual?
El proyecto de ley plantea un aumento de hasta un 50% en las penas cuando existan circunstancias agravantes, tales como:
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Aprovechar la vulnerabilidad de la víctima.
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Cometer el delito en espacios públicos o transporte colectivo.
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Explotar desventajas físicas o psicológicas de la persona afectada.
Con esto, cualquier acto de acoso podrá ser castigado desde la primera denuncia, sin necesidad de que se trate de una conducta repetida.
¿Qué sanciones enfrentarán los funcionarios que ignoren denuncias?
Se crea un nuevo tipo penal que responsabiliza a servidores públicos que:
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Rechacen recibir denuncias de acoso sexual.
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Intimiden o desmotiven a las víctimas.
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Incumplan los protocolos de atención obligatorios.
Las penas para estos funcionarios incluyen de dos a seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por igual periodo.
¿Cómo se aplicará la perspectiva de género en la ley?
La iniciativa establece que toda interpretación y aplicación de la norma deberá considerar la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima. Esto garantiza que cada caso sea atendido con sensibilidad y respeto a los derechos de las personas afectadas.
