La verdad de los pozos ilegales clausurados que han generado protestas de piperos y desabasto en negocios de Edomex
Lo que comenzó como un operativo para clausurar pozos ilegales terminó revelando una red de corrupción, saqueo de agua y abuso ambiental en el Estado de México.
El Operativo Caudal expuso la profundidad de una crisis hídrica que va más allá de los bloqueos y la inconformidad de los piperos: mostró un sistema roto que durante años lucró con el agua de todos.
Durante los últimos días, las acciones del Operativo Caudal, implementado por el gobierno del Estado de México, han provocado desabasto de agua en varios municipios y protestas de piperos en distintos puntos de la entidad.
Este operativo busca frenar la extracción ilegal de agua de pozos clandestinos que, por años, abastecieron a cientos de purificadoras y camiones repartidores.
Muchas personas opinan que el conflicto entre piperos y autoridades tiene su origen en que, efectivamente, gran parte del agua comercializada provenía de tomas ilegales.
Además, diversos testimonios señalan que en el negocio del agua estarían involucradas personas influyentes, ya que el recurso se vendía a centros comerciales, empresas y negocios locales, pero también habría corrupción de altos mandos, quienes cerraban tomas para luego saquearlas y lucrar con ellas.
Si bien no existen acusaciones formales, estas son algunas de las especulaciones que circulan en redes sociales.
¿Por qué se clausuraron los pozos ilegales en el Estado de México?
En el marco del Operativo Caudal, la Secretaría del Agua y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detectaron más de 50 pozos y tomas clandestinas, además de 300 pipas utilizadas para transportar agua sin autorización.
Estas actividades representaban un robo de agua a gran escala, afectando directamente el suministro público y la presión en las redes municipales.
El operativo también busca desmantelar redes que lucraban con el recurso, vendiendo el líquido a precios elevados y sin garantizar que fuera apto para el consumo humano.
¿Qué consecuencias ha tenido el Operativo Caudal?
Tras las clausuras, se generó un desabasto de agua potable en municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tecámac y Ecatepec, donde decenas de purificadoras tuvieron que cerrar sus puertas.
Esto provocó compras de pánico y un aumento desmedido de precios, pues algunos habitantes han llegado a pagar hasta 150 pesos por un garrafón.
Además, los piperos protestaron bloqueando avenidas y autopistas, como la México–Querétaro y la México–Pachuca, exigiendo la reapertura de pozos o una solución inmediata ante la falta de agua.
Sin embargo, esta escasez posterior al operativo confirma la amplia red que lucraba con el agua, ya que el número de personas y negocios afectados fue considerable. Esto evidencia que muchos municipios dependían de pozos clandestinos ubicados en zonas posiblemente vedadas.
Un ejemplo es el caso de Zinacantepec, donde vecinos solicitaron una revisión en los pozos de la zona de San Juan de las Huertas. En 2022, un habitante denunció una toma ilegal dentro de un domicilio particular, desde donde se extraían aproximadamente 10 mil litros de agua sin registro ni autorización de la Conagua.
¿Qué hay detrás de los pozos ilegales clausurados?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), muchos de los pozos clausurados se encontraban en zonas vedadas, como la región del Nevado de Toluca, donde la sobreexplotación ha afectado los mantos freáticos y secado manantiales naturales.
En algunos casos, los pozos operaban dentro de propiedades privadas sin permisos, abasteciendo irregularmente a pipas que luego distribuían el agua en toda la zona metropolitana.
Cuando una zona está vedada, significa que no se pueden aprovechar ni explotar sus recursos naturales, generalmente por razones de protección ambiental o escasez.
En el caso del agua, esto quiere decir que no se pueden perforar nuevos pozos ni extraer agua sin autorización, debido a que:
- El acuífero o manantial está sobreexplotado.
- Se busca proteger los mantos freáticos.
- Es necesario garantizar el abasto para la población y conservar el equilibrio ecológico.
¿Qué pasará con los negocios afectados?
La Secretaría del Agua exhortó a los dueños de purificadoras y pipas a regularizar su suministro mediante los sistemas municipales, y aclaró que la venta de agua fuera de los canales legales es un delito.
Mientras tanto, los negocios esperan que el gobierno implemente medidas que garanticen el abasto sin depender de redes ilegales.
El operativo ha abierto un debate sobre la crisis hídrica en el Estado de México y la necesidad urgente de regular el uso del agua sin afectar a quienes dependen de ella para vivir.
“Quien actúa conforme a la ley no tiene por qué preocuparse; los que la infrinjan deben asumir las sanciones”, expresó la mandataria.
Aunque el Operativo Caudal busca proteger el recurso más vital, ha dejado al descubierto un problema más profundo: la falta de infraestructura, la sobreexplotación y la necesidad de una estrategia justa que garantice agua para todos.
