Secuestradores de menores en Amanalco reciben condenas superiores a 90 años de prisión

En el Estado de México, cuatro personas fueron sentenciadas a más de 90 años de prisión por su participación en el secuestro de dos niños, ocurrido en el municipio de Amanalco en 2024.

¿Qué ocurrió el día del secuestro?

Los hechos se desarrollaron el 15 de julio de 2024 en la comunidad de Agua Bendita, donde un grupo armado ingresó a una vivienda. Allí se encontraban un adulto y dos menores de edad.

Luego de intimidar al adulto, los atacantes se llevaron a los menores y más tarde exigieron a la familia una fuerte cantidad de dinero por su rescate.

¿Quiénes fueron los secuestradores de menores y cómo los detuvieron?

Gracias a las labores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se logró ubicar a los responsables mientras mantenían a las víctimas privadas de su libertad dentro de un automóvil. La operación se realizó en Amanalco, donde fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público. Los involucrados fueron:

• Ramón Sánchez "N"

• Nancy Torres "N"

• Esther Patricia "N"

• Adriana Carranza "N"

¿Qué sentencias se dictaron en este caso?

Un juez determinó las siguientes condenas con base en las pruebas presentadas por la fiscalía:

• Ramón Sánchez "N", Nancy Torres "N" y Esther Patricia "N": 90 años de prisión cada uno y multas de 868 mil pesos.

• Adriana Carranza "N": 100 años de prisión y una multa superior a 1 millón 700 mil pesos.

Estas sentencias reflejan la gravedad del delito y el impacto directo en las víctimas menores de edad.

¿Qué puede hacer la ciudadanía para prevenir estos delitos?

La participación ciudadana es clave para prevenir hechos similares. Las autoridades recomiendan:

• Reportar cualquier actividad sospechosa.

• Establecer redes de comunicación entre vecinos.

• Enseñar a los menores protocolos de seguridad.

• Acudir de inmediato al 911 o al Ministerio Público si se identifica un riesgo.

El combate al secuestro requiere colaboración constante entre sociedad y gobierno para reducir la incidencia y proteger a los sectores más vulnerables.