Detienen a 8 falsos elementos de seguridad privada en Edoméx
Los detenidos fueron acusados del delito de usurpación de funciones equiparada.
TOLUCA, Estado de México.- En las últimas 24 horas, ocho personas fueron detenidas en el Estado de México por prestar servicios de seguridad privada sin contar con los permisos vigentes. Estos individuos son acusados del delito de usurpación de funciones equiparada, informaron las autoridades estatales.
El Ministerio Público puso a disposición a los detenidos, mientras que cuatro empresas fueron notificadas de la situación irregular bajo la que operaban. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución de procuración de justicia, los proveedores de servicios de seguridad privada deben poseer un permiso vigente expedido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) para operar de manera legal.
Ver nota:
Clausuran clínicas clandestinas en Edoméx y otras partes del país
La obtención de este permiso implica cumplir con ciertos requisitos que garantizan que el servicio cumple con los estándares de calidad establecidos. Ante la detección de esta situación, la Secretaría de Seguridad estatal ha iniciado un proceso de revisión de las empresas del ramo, lo que ha llevado a la suspensión temporal de actividades de cuatro de ellas. La detención de las ocho personas y la suspensión de actividades de las empresas se basa en el delito de usurpación equiparada de funciones, contemplado y sancionado en el artículo 176, fracción III, del Código Penal del Estado de México.
Para prevenir este tipo de delitos, las autoridades exhortan a todas las personas físicas y morales a prestar y contratar servicios de seguridad privada, cumpliendo con la normatividad vigente en el Estado de México y bajo el amparo del permiso expedido por la Secretaría de Seguridad. Aquellos que presten servicios de seguridad privada de manera irregular podrían enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión y multas de hasta mil días.
Por otro lado, aquellos que contraten servicios de seguridad privada a personas o empresas sin la autorización correspondiente podrían ser sancionados con multas administrativas de hasta 5,000 UMAS. El proceso de verificación de las empresas de seguridad privada se encuentra en marcha y se revisará la situación de todas las empresas registradas, así como la detección de aquellas que estén prestando servicios sin haberse registrado, tal como lo establece la ley.
