Familia exige justicia en caso de presunto abuso infantil en CAM de Xalapa

Miriam, madre de un menor con autismo y discapacidad intelectual, denunció públicamente la falta de avances judiciales en el caso contra un docente acusado de agredir a su hijo dentro del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 6 de Xalapa en 2023. El menor tenía 14 años al momento de los hechos.

El maestro señalado se encuentra en prisión preventiva desde hace casi dos años, sin que hasta el momento se le haya dictado sentencia.

La madre teme que, debido a dilaciones procesales y errores en la integración de la carpeta de investigación —identificada con el folio 526/2023— el acusado pueda quedar en libertad, lo que considera representaría un riesgo para otros estudiantes.

¿ Por qué familiares acusan encubrimiento institucional? 

Miriam afirmó que decidió acudir a los medios de comunicación luego de que, al informar a la Secretaría de Educación de Veracruz, no se brindó prioridad a la protección de su hijo, sino que, presuntamente, se intentó resguardar a directivos y al personal señalado.

Indicó que también presentó su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió recomendaciones tanto a la SEV como a la Fiscalía por omisiones y retrasos.

Señaló además que, aunque existen al menos otras dos denuncias, no han sido judicializadas y que habría más casos que no se han formalizado por temor o falta de recursos. Asegura que el maestro imputado, identificado como Felipe "N", habría manifestado contar con respaldo institucional, incluso del exgobernador del estado.

¿Solicitan intervención de autoridades estatales?

La familia solicita la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que se garantice la separación del cargo de todos los servidores públicos presuntamente involucrados y se aceleren los procesos judiciales. También denuncian que algunos de los señalados fueron simplemente reubicados en otras áreas administrativas sin ser separados del sistema educativo.

“Queremos que se proteja a los niños, no a los agresores”, declaró Miriam, quien también llamó a otros padres de familia a presentar denuncias si han vivido situaciones similares.

El abogado de la familia, Marco Antonio Rodríguez Campos, señaló que se han identificado posibles actos de encubrimiento institucional y asociación delictuosa, al no haberse llamado a declarar a otros implicados ni separado del cargo a quienes podrían estar relacionados con el caso.

Las familias exigieron que la gobernadora Rocío Nahle solicite formalmente el expediente del caso a la SEV, supervise la actuación de la Fiscalía General del Estado, y garantice que se priorice la protección de los menores y el acceso efectivo a la justicia. 

¿Cuál es la preocupación principal de los denunciantes?

Según la madre del menor y su representante legal, la fiscal responsable del caso, María Ethel Santiago Hernández, habría integrado de forma incorrecta las pruebas y datos personales de los implicados, lo que ha retrasado el inicio formal del juicio. Consideran que este tipo de errores no son casuales, sino parte de una estrategia para evitar que el proceso avance.

Otra madre, cuyo hijo también habría sido víctima entre 2015 y 2023, expresó que su denuncia tampoco ha sido judicializada, a pesar de haber sido presentada hace casi dos años. “El caso sigue sin avanzar y tememos que se repita lo mismo con más niños”, afirmó.

¿Qué irregularidades se señalan en el proceso judicial? 

Las familias involucradas consideran que si el docente obtiene su libertad sin una sentencia firme, podría reincorporarse a labores frente a grupo, lo que consideran inaceptable. También se ha señalado que se encontró material visual que podría estar relacionado con los casos denunciados, aunque hasta ahora no se han establecido responsabilidades firmes ni consecuencias administrativas para otros trabajadores del CAM.

El psicólogo Diego Fabián Miranda Castillo, quien ha dado seguimiento a algunos de los menores involucrados, reportó afectaciones psicológicas derivadas de lo ocurrido, y reiteró la importancia de que las autoridades actúen con celeridad y perspectiva de derechos de infancia.