Bere Martínez propone evitar que sancionados por faltas administrativas ocupen cargos en Nuevo León
La Vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena en Nuevo León, Bere Martínez, presentó una propuesta de reforma que busca impedir que personas sancionadas por faltas administrativas puedan volver a ocupar cargos públicos en el estado. La iniciativa se alinea con los principios de la Cuarta Transformación y busca reforzar el combate a la corrupción.
De acuerdo con la legisladora, esta modificación tiene como propósito cerrar espacios de impunidad y fortalecer los mecanismos de control en la administración pública.
El planteamiento contempla cambios en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, con el fin de eliminar ambigüedades y hacer más estricta la verificación de antecedentes.
¿Qué cambios plantea la iniciativa de Bere Martínez?
La propuesta establece que las personas encargadas de los procesos de contratación deberán verificar y documentar los registros en los sistemas estatales y nacionales. Si esta verificación no se realiza o se hace de manera indebida, será considerada una falta grave.
Además, se especifica que falsedades del aspirante o contrataciones indebidas podrán derivar en sanciones que incluyan suspensión, destitución, sanciones económicas e incluso la inhabilitación para ejercer en el servicio público.
¿Cómo se reforzará el registro de sanciones administrativas?
Martínez detalló que la iniciativa incorpora la obligación de inscribir constancias de inhabilitaciones o sanciones firmes, ya sean graves o no graves, en un plazo máximo de diez días hábiles. La omisión de este registro también será considerada como falta grave bajo el marco del artículo 59.
Este mecanismo busca evitar que funcionarios sancionados encuentren vías para reincorporarse a cargos en dependencias estatales, municipales o en órganos autónomos.
¿Qué objetivo tiene la propuesta en el servicio público?
La legisladora destacó que la reforma pretende garantizar que las sanciones administrativas tengan efectos reales y preventivos. Al mismo tiempo, refuerza la responsabilidad de las autoridades que omitan registrar dichas sanciones.
De aprobarse, esta medida cerraría espacios que actualmente permiten el retorno de servidores públicos con antecedentes de faltas, reforzando la transparencia y la confianza en las instituciones de Nuevo León.
