Caso Damazo "N", piden cambio de abogado privado a uno de oficio, ¿Cuál es la diferencia?
El proceso judicial contra Damazo "N"., entrenador acusado de abuso sexual contra 14 jóvenes gimnastas en Nuevo León, enfrenta un nuevo aplazamiento.
Ante la falta de un abogado que continúe con su defensa, la Fiscalía General de Justicia del estado ha solicitado formalmente al juez del caso la asignación de un abogado de oficio para evitar más demoras en el juicio.
- Este sería el tercer diferimiento en la audiencia de imputación. Dos de ellos han ocurrido por cambios de abogado defensor y uno más por la detención del imputado.
En una conferencia tras una reunión de seguridad, el fiscal Javier Flores Saldívar confirmó que el trámite ya fue presentado, con el objetivo de avanzar en el proceso sin más interrupciones.
¿Por qué es importante la figura del abogado de oficio?
El abogado de oficio es fundamental en el sistema judicial para garantizar el derecho a la defensa, incluso para quienes no pueden pagarla.
En casos como el de Damazo N., donde la defensa ha sido inconstante, la intervención de un abogado designado por el Estado busca asegurar que el juicio continúe de manera legal y oportuna. Este tipo de defensor no es elegido por el imputado, sino asignado por el sistema judicial, y está financiado por recursos públicos.
¿Qué ventajas ofrece un abogado privado?
Un abogado privado, en contraste, es contratado y pagado directamente por el cliente. Esto permite elegir al profesional que mejor se adapte al caso, considerando su experiencia, especialidad y reputación.
Además, suele contar con más recursos y tiempo para dedicarse a la defensa, lo que puede traducirse en una estrategia más personalizada. No obstante, los costos pueden ser elevados y varían según la complejidad del proceso legal.
¿Cómo impacta esta diferencia en el caso de Damazo N.?
El hecho de que Damazo "N". haya cambiado de defensa dos veces ha provocado un retraso significativo en el inicio del juicio. La solicitud de un abogado de oficio busca eliminar la incertidumbre y asegurar que se respete el debido proceso.
Esta medida también refleja la responsabilidad del Estado en garantizar que todos los acusados, sin importar su situación económica, tengan acceso a representación legal adecuada.
