Congreso de Nuevo León avala creación del registro estatal de deudores alimentarios
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Nuevo León presentaron iniciativas para crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, una herramienta que busca dar seguimiento y sancionar a quienes incumplan con el pago de la pensión alimenticia.
¿Qué refirió sobre la medida la diputada Perla Villareal?
La diputada Perla Villarreal destacó que actualmente el Registro Nacional de Deudores Alimentarios cuenta con muy pocos registros en comparación con el número real de personas que incumplen con esta responsabilidad, por lo que consideró urgente contar con un sistema estatal que permita tener un mayor control y facilitar su aplicación.
¿Cuántos menores de edad se han visto afectados por esta situación?
De acuerdo con cifras del INEGI, tres de cada cuatro niñas y niños hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia, lo que refleja la magnitud del problema a nivel nacional y la necesidad de reforzar los mecanismos legales para su cumplimiento.
¿Qué consecuencias se contemplan para los deudores alimentarios?
Entre las consecuencias a las que se enfrentarán quienes sean inscritos en el registro estatal se encuentran:
- - Suspensión de licencias y permisos de conducir
- - Prohibición para salir del país con fines vacacionales
- - Imposibilidad de contender por cargos de elección popular
¿Qué más mencionó Perla Villareal sobre la iniciativa de crear el registro estatal de deudores alimentarios?
Ante esto, Villarreal señaló que estas son medidas firmes pero necesarias para asegurar que las y los deudores alimentarios cumplan con su responsabilidad.
Es un paso importante en la construcción de una sociedad más justa y responsable
Perla Villarreal - Diputada local
Aunado a esto, Villarreal Valdez puntualizó que la creación del registro representa un gran avance en la protección de los derechos de la infancia, al establecer consecuencias claras para quienes incumplan y fomentar una cultura de responsabilidad parental.
