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Diputado de Movimiento Ciudadano impulsa atención municipal para personas neurodivergentes

Armando Gutiérrez subrayó que la propuesta no crea nuevas obligaciones, sino que refuerza la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales/Foto: Diego Ovalle
Por:Diego Ovalle

Con el objetivo de acercar la atención y los servicios especializados a niñas, niños y personas con condiciones del espectro autista y otras formas de neurodiversidad, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, presentó un paquete de reformas ante el Congreso de Nuevo León.


¿Qué refirió en su intervención el legislador de Movimiento Ciudadano?

El legislador explicó que estas modificaciones buscan que las familias no tengan que recorrer largas distancias ni asumir altos costos económicos para acceder a terapias, orientación familiar, acompañamiento psicológico o atención médica.


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¿De qué forma afecta a las personas el no contar con un centro especializado en autismo cercano?

De acuerdo con el diputado, actualmente cientos de familias del norte, sur y oriente del estado deben trasladarse durante horas para recibir atención, lo que representa un desgaste físico, emocional y económico, y en muchos casos provoca la interrupción de tratamientos esenciales.

Ante esto, la primera iniciativa presentada reforma la Ley de Gobierno Municipal para que cada ayuntamiento cuente con al menos un Centro o Espacio de Atención Integral a la Neurodiversidad, donde se brinden servicios de salud, educación y apoyo familiar.


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¿Qué es lo que reforma la segunda iniciativa impulsada por el diputado emecista?

La segunda propuesta modifica la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y otras Condiciones de la Neurodiversidad, a fin de fortalecer las facultades de la Secretaría de Igualdad e Inclusión para que acompañe a los municipios en la creación y operación de estos centros.

Asimismo, Gutiérrez subrayó que la propuesta no crea nuevas obligaciones, sino que refuerza la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para garantizar que la inclusión sea un derecho accesible para todas las familias, sin importar el lugar donde vivan.

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