“Fogatas y vestigios arqueológicos”: nueva versión de Teuchitlán
No eran restos de víctimas, sino vestigios arqueológicos. No eran sitios crematorios, sino fogatas. Por absurdo que suene, esta es la nueva versión que presentó el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán. En conferencia de prensa el 29 de abril, Gertz negó categóricamente que el rancho fuera un sitio de exterminio. Aseguró que era únicamente un campo de adiestramiento. Además, añadió que investigadores de la UNAM determinaron que no hubo presencia de fuego a una temperatura superior de 200 grados. De esa forma descartó que criminales desaparecieran a víctimas de esa forma. Mi pregunta entonces es, ¿dónde dejaban los cuerpos?
Recordemos que el 24 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó en la conferencia presidencial que en Teuchitlán asesinaban a personas de manera sistemática. Explicó que de acuerdo al testimonio de José Gregorio “N” alias “El Lastra”, presunto criminal a cargo del rancho, mataban a aquellxs que intentaban escapar o desobedecían. ¿Qué ocurrió con todas esas personas? ¿Dónde están? La Fiscalía General no se ha enfocado en responder estas preguntas.
El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, el mismo que dio a conocer el rancho Izaguirre, le respondió a Gertz. En X escribieron: “Hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo (María del Carmen Morales). Hoy el Fiscal General quiere matar la verdad”. Aseguraron que dentro del terreno encontraron 17 lotes con restos humanos. Raúl Servín, integrante del colectivo informó que incluso llenaron 10 cubetas con esta evidencia, lo cual atestiguó el Instituto Forense Estatal.
El Gobierno Federal se ha esmerado en meterse en un debate lingüístico para tratar de minimizar los hechos: ¿fue o no fue un campo de exterminio? Sobre todo, han enfatizado que el rancho Izaguirre nada tuvo que ver con desapariciones forzadas. El 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fue más allá. Durante su conferencia aseguró: “... en México no hay desaparición forzada desde el Estado (...) eso no existe en México. (...) Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada (...) pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”.
La presidenta dio este pronunciamiento después de que el 4 de abril, una comisión de las Naciones Unidas dijera que sí había desapariciones forzadas en México. Los reclamos de las autoridades cayeron en avalancha. El Gobierno Federal rechazó las declaraciones de la ONU a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Se envió una nota diplomática de inconformidad, y hasta el Senado aprobó un pronunciamiento en el que exigían sanciones contra Olivier de Frouville, presidente del comité.
Es importante entender cuál es la definición de “desaparición forzada” para la ONU: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” Colusión, ocultamiento, negativa a reconocer… ¿No es eso lo que estamos viendo?
Aunque se empeñen en negar la existencia de desapariciones forzadas, sus propios datos les contradicen. Información de la Secretaría de Gobernación dentro del sitio web de la Comisión Nacional de Búsqueda evidencia que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, se han registrado más de 500 casos de desaparición forzada en el país. Como si fuera poco, en su conferencia de esta semana, el fiscal general volvió a confirmarlo al decir: “Vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión de autoridades que hayan estado involucradas en esto”. Es reiterativo, pero lo repetiré para que no nos quede la duda. Gertz dijo que cumplirán órdenes de aprehensión contra autoridades. Si hubo autoridades implicadas, hablamos de agentes del Estado, por lo tanto de desapariciones forzadas. En realidad, esta no es una revelación nueva. Gertz previamente había informado que habían detenido a policías del municipio de Tala implicados en el secuestro de personas para trasladarlas al rancho Izaguirre.
Otro argumento del fiscal fue mostrar que el 19 de septiembre de 2024, cuando autoridades federales dieron con el predio, no encontraron las pertenencias que expusieron las madres y los padres buscadores. El detalle que omite es que el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” expuso que estuvieron en el rancho de diciembre de 2024 a enero de 2025. En videos mostrados en redes como evidencia podemos ver las mismas pertenencias compartidas por “Guerreros Buscadores de Jalisco”.
Desde que el caso de Teuchitlán salió a la luz, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación ha tenido varias reuniones con familias buscadoras. Este es un gran cambio a la postura del sexenio de López Obrador. El 31 de julio de 2023, poco antes de terminar su mandato el expresidente fue cuestionado por no recibir a las madres buscadoras. López Obrador respondió que no permitiría “que se utilicen estos casos con propósitos politiqueros”, añadiendo que había “mucha manipulación” del tema. En definitiva es positivo ahora ver una aparente apertura del Gobierno Federal. Mi duda es si estas reuniones son parte de una gran estrategia para el manejo de una crisis mediática, o un genuino reflejo de cercanía que será perceptible para las familias que siguen buscando justicia.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco plasmó su desesperación en una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum. Escribieron:
“No queremos otra verdad histórica. Ya nos cansamos de que podamos buscar siempre y cuando no encontremos algo incómodo políticamente. Nos cansamos de las verdades a medias. De lo único que nunca nos cansaremos es de buscarlos”.
