Fiscal anticorrupción de Tamaulipas niega motivaciones políticas en procesos contra exfuncionarios

El fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que las investigaciones y procesos abiertos contra exfuncionarios de la pasada administración no responden a intereses políticos, sino a denuncias formales y hechos comprobados que por años permanecieron sin avance.

Subrayó que la Fiscalía actúa con estricto apego a la ley y al debido proceso, y que el trabajo no se limita a exservidores públicos de alto nivel, sino que también alcanza a empresas y personas físicas que habrían participado en operaciones irregulares.

¿Qué tipo de investigaciones lleva la Fiscalía Anticorrupción?

Govea Orozco explicó que los procesos actuales derivan de denuncias previas que en su momento no tuvieron actividad alguna, y rechazó la narrativa de una supuesta “cacería de brujas”.

Afirmó que los casos avanzan conforme se consolidan las pruebas, con base en evidencias y dentro del marco legal.

¿Se reactivaron casos de administraciones anteriores?

El fiscal informó que se reactivaron expedientes de antiguas administraciones municipales y estatales que habían permanecido inactivos durante largo tiempo.

Estas acciones, señaló, buscan retomar procesos pendientes para que ningún caso de presunta corrupción quede sin atención.

¿Cómo garantiza la Fiscalía un proceso legal y justo?

El titular de la Fiscalía Anticorrupción destacó que la institución cuida cada aspecto procesal para evitar nulidades y garantizar que las imputaciones sean sólidas y sustentadas, sin importar el perfil político o mediático de los señalados.

Recordó que la ley contempla sanciones no solo para los autores directos, sino también para partícipes y facilitadores de los hechos investigados.

¿Cuál es el objetivo final de las investigaciones?

Govea Orozco reiteró que la Fiscalía continuará por una ruta técnica y jurídica, sin permitir que el discurso político distorsione la naturaleza del trabajo.

“El objetivo es claro: llevar ante la justicia a quien haya afectado el patrimonio público y garantizar que los recursos del Estado se administren con legalidad y transparencia”, enfatizó.