Gobierno de Tamaulipas ha emitido más de 100 sanciones administrativas a servidores públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas reportó un avance significativo en materia de responsabilidades administrativas, al emitir un total de 130 sanciones a servidores y exservidores públicos por faltas consideradas “no graves”.
Así lo informó la titular de la dependencia, la contralora del estado, Norma Angélica Pedraza Melo, al destacar que este trabajo es un proceso se desarrolló en estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
¿Cuáles han sido las faltas más comunes detectadas en las sanciones a servidores públicos?
Del 1 de octubre de 2022 al 25 de septiembre de 2025, las resoluciones emitidas derivaron en 86 casos de inhabilitación, 15 suspensiones temporales y 29 amonestaciones públicas. “En todas las resoluciones se garantizó el debido proceso, cuidando la legalidad, los derechos humanos y la presunción de inocencia”, aseguró Pedraza Melo.
Las faltas más comunes que han sido detectadas fueron la omisión en la presentación de la declaración patrimonial, con 77 casos; el incumplimiento de atribuciones y funciones, con 49 casos; irregularidades en actos de entrega-recepción, con tres casos; y un caso de acoso sexual.
¿Qué impacto ha tenido estas sanciones en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción en Tamaulipas?
La funcionaria explicó que estas sanciones reflejan no solo la aplicación rigurosa de insumos jurídicos, sino también los avances alcanzados gracias al fortalecimiento institucional y a los cambios legislativos impulsados en Tamaulipas en los últimos años.
“Estamos consolidando un sistema estatal que garantiza un gobierno honesto, transparente y al servicio del pueblo. Este es un paso más para cerrar la puerta a la impunidad y reafirmar el compromiso con la rendición de cuentas”, subrayó Pedraza Melo.
Finalmente, señaló que la Secretaría Anticorrupción continuará trabajando de manera coordinada con otras instancias para prevenir irregularidades y fomentar una cultura de integridad en el servicio público.
