Grupos delictivos usan empresas de Estados Unidos para traficar petróleo robado desde México
Una red de tráfico de petróleo crudo, presuntamente encabezada por grupos delictivos que operan en la región, ha sido identificada por autoridades estadounidenses como una de las principales fuentes de financiamiento ilícito no relacionada con drogas.
El esquema, según una alerta de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), consiste en el robo de petróleo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y su posterior ingreso a Estados Unidos mediante el uso de empresas fachada y documentos falsificados.
La información, divulgada en coordinación con agencias del gobierno federal de EE. UU., detalla cómo el crudo robado en México es transportado a través de la frontera suroeste por empresas estadounidenses aparentemente legales que operan como "importadores", en muchos casos registradas en domicilios residenciales o bodegas sin infraestructura industrial.
Esta red ha permitido a los grupos delictivos generar ganancias multimillonarias mediante la venta de hidrocarburos robados en mercados internacionales.
¿Cómo operan estas redes desde México hasta Estados Unidos?
Los grupos delictivos obtienen el petróleo crudo mediante sobornos a empleados de Pemex, tomas clandestinas, robo directo de refinerías y amenazas a personal de la empresa estatal.
Posteriormente, el crudo es almacenado en tanques ubicados en estados mexicanos como Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, regiones donde han sido identificados centros logísticos del contrabando.
Una vez preparado el cargamento, el crudo es transportado en autotanques hacia la frontera, donde cruza disfrazado como “aceite usado” o “material peligroso”, una táctica que permite evadir controles aduaneros, impuestos y regulaciones ambientales.
En Estados Unidos, los embarques son descargados en terrenos vacíos con tanques móviles o bodegas, y desde ahí se revende el producto a bajo costo.
¿Qué papel juegan las empresas estadounidenses?
De acuerdo con FinCEN, las compañías importadoras en EE. UU. tienen un rol clave en el esquema: se encargan de recibir el crudo robado, emitir facturas falsas y simular operaciones legales.
Aunque algunas operan formalmente en la industria del transporte o hidrocarburos, muchas más funcionan como empresas fantasma. Estas organizaciones ayudan a legitimar el producto mediante documentación falsa, lo que facilita su venta a terceros en Estados Unidos, Asia, África e incluso Europa.
Las ganancias, que pueden superar los cinco millones de dólares por envío marítimo, son transferidas a través de sistemas bancarios nacionales e internacionales.
Posteriormente, los recursos son enviados a empresas vinculadas con los intermediarios mexicanos, quienes entregan el dinero a los grupos delictivos en México.
La operación incluye un proceso sistemático de lavado de dinero mediante transferencias clasificadas falsamente como pagos por servicios industriales.
¿Qué impacto tiene este esquema en la economía mexicana?
La alerta de FinCEN confirma que este tráfico de hidrocarburos representa una pérdida directa para las finanzas públicas de México.
Durante 2024, la evasión fiscal derivada del contrabando de combustibles ha provocado una merma estimada en 177 mil millones de pesos, el equivalente al 44% de toda la recaudación por IEPS sobre gasolinas y diésel.
Estas actividades no solo dañan a Pemex, sino también a los pequeños y medianos empresarios del sector energético, que compiten en condiciones desiguales frente a redes que operan con productos robados.
Además, fomentan la corrupción y la violencia en regiones estratégicas del país, especialmente aquellas cercanas a instalaciones energéticas y cruces fronterizos.
¿Quiénes están implicados y qué acciones se están tomando?
Aunque las autoridades estadounidenses han identificado a varios actores clave dentro de esta red, los nombres de las empresas y personas implicadas están bajo investigación federal.
Sin embargo, se ha confirmado la aplicación de sanciones financieras contra individuos relacionados con el contrabando de petróleo, así como el monitoreo de transferencias bancarias sospechosas entre México y Estados Unidos.
La alerta de FinCEN fue enviada a instituciones financieras con el objetivo de detectar movimientos inusuales relacionados con la compra-venta de “aceite usado”, así como la apertura de cuentas bancarias asociadas con empresas del sector energético sin operaciones comprobables.
El desmantelamiento de estas redes apenas comienza, pero representa un primer paso en el combate a un esquema que ha permitido a los grupos delictivos obtener recursos a escala internacional sin disparar una sola bala.
