jueza Mónica Iliana Pérez Chapa, impuso varias sanciones | Foto: enlineadirecta.info
Por imponer multas millonarias a defensores reasignan temporalmente a jueza del Bienestar en Ciudad Victoria
Por:Ramón Sánchez
El Poder Judicial de Tamaulipas confirmó que el Órgano de Administración Judicial aprobó la reasignación temporal de una jueza del Primer Distrito Judicial al sistema penal tradicional, un movimiento que se da en medio de señalamientos públicos y preocupación creciente entre litigantes por la imposición de multas consideradas extraordinarias en audiencias orales.
La medida, según explicó la institución, forma parte de un ajuste operativo que busca garantizar la continuidad del servicio y se adopta dentro de las facultades administrativas que la ley otorga para modificar adscripciones, sin que ello represente una sanción disciplinaria en sí misma.
Sin embargo, al mismo tiempo a la apertura de una revisión interna sobre actuaciones puntuales de la juzgadora.
¿Cómo se dieron los casos de las multas millonarias?
Durante una audiencia penal, la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa impuso una sanción por más de 1.3 millones de pesos a una defensora, argumentando supuestos actos que afectan el desarrollo de la diligencia.
La multa se consideró por litigantes consultados como desproporcionada y fuera de los parámetros comunes del sistema penal acusatorio, donde las sanciones administrativas suelen ser menores y escalonadas.
En un segundo caso, también atribuido a la misma jueza, un abogado fue multado con aproximadamente 837 mil pesos tras intentar intervenir en una diligencia, lo que generó señalamientos de excesos de autoridad y sobreinterpretación de facultades disciplinarias.
Ambos casos fueron ventilados en redes sociales y foros jurídicos, donde abogados penalistas cuestionaron la proporcionalidad de las sanciones, su fundamentación jurídica y el respeto al debido proceso para los defensores.
¿Cuál fue la respuesta del gremio de abogados?
Los casos generaron inquietud entre asociaciones de abogados y barras defensoras que advirtieron un precedente riesgoso para el ejercicio profesional. Las principales preocupaciones expresadas fueron:
- Posible afectación al derecho de defensa adecuada.
- Eventuales excesos en el uso de facultades disciplinarias.
- Falta de criterios homogéneos para sanciones en audiencias.
- Temor a inhibir la participación de defensores durante procesos penales.
Aunque las posturas no han sido emitidas en comunicados formales por todas las agrupaciones, varias voces del gremio han solicitado claridad jurídica y criterios uniformes para evitar arbitrariedades.
¿Qué dice el Poder Judicial sobre la jueza y el debido proceso?
El Poder Judicial enfatizó que todas las acciones emprendidas son institucionales y que la reasignación no prejuzga responsabilidad alguna. Además, reiteró que:
- La investigación interna sigue su curso.
- La identidad de la juzgadora se reserva conforme a la ley (protección de datos y presunción de inocencia).
- El objetivo es fortalecer la impartición de justicia.
- Las decisiones buscan garantizar el respeto al debido proceso.
La institución destacó también que el sistema penal acusatorio establece límites, procedimientos y mecanismos de control que deben aplicarse con proporcionalidad, especialmente respecto a sanciones económicas.
¿Qué sigue en este caso?
El proceso disciplinario continuará con:
- Revisión técnica de actuaciones.
- Análisis jurídico de las sanciones impuestas.
- Recolección de informes, videos de audiencia y actas procesales.
- Determinación de si hubo o no irregularidades.
Mientras tanto, la reasignación permitirá que la operación ordinaria de los juzgados de oralidad funcione sin fricciones mientras se desarrolla la investigación.
