Presunto asesino del delegado de la FGR en Reynosa ya había sido detenido en el 2020
Por:Pedro Torres
La historia judicial de Jareth Roberto “H”, único investigado por el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, refleja vacíos procesales que le permitieron evadir la justicia durante años. Detenido en 2020 con armas largas y cientos de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, fue liberado por falta de prisión preventiva oficiosa y perdió seguimiento en 2021.
Hoy, aunque se le señala como responsable del asesinato del funcionario, no enfrenta cargos directos por ese crimen.
¿Cómo fue la primera detención y por qué quedó libre?
En enero de 2020, Jareth Roberto “H” y tres hombres más fueron arrestados en flagrancia con cuatro fusiles calibre 7.62x39 milímetros, 242 cartuchos y 15 cargadores. La FGR abrió una carpeta de investigación, pero al no tratarse de delitos con prisión preventiva oficiosa, quedaron en libertad mientras se decidía ejercer acción penal.
En 2021, al intentar llevarlos ante un juez, no fue posible localizar a tres de ellos, incluido “La Machorra”, y la causa penal terminó archivada en septiembre de ese año.
¿Qué pasó antes y después del homicidio del delegado?
El 25 de julio de este año, la FGR reactivó el caso y obtuvo órdenes de aprehensión, pero Jareth Roberto “H” no buscó protección legal hasta el 5 de agosto, un día después del asesinato de Vásquez Reyna.
Entonces solicitó un amparo que le otorgó suspensión provisional contra cualquier orden de captura, incluso por delitos graves, basándose en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Pese a ello, fue detenido el 7 de agosto en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde presuntamente se escondía.
¿Por qué no fue procesado por el homicidio?
Aunque la FGR lo presentó públicamente como investigado por el asesinato del delegado, en la audiencia inicial no le imputó ese delito. En su lugar, lo acusó de posesión de armas y drogas con fines de comercio.
Un juez lo vinculó a proceso por dos de esos cargos y ordenó prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Hasta ahora, sigue pendiente ejecutar la orden de aprehensión de julio por portación de armas y cartuchos.
También refleja cómo, pese a los señalamientos por vínculos con grupos criminales de la zona, un hombre señalado por un crimen de alto perfil puede enfrentar únicamente cargos secundarios, mientras el homicidio de un alto funcionario federal permanece sin imputaciones directas.
