Congreso de Yucatán rechaza despenalizar el aborto: ¿qué significa y qué consecuencias tendrá?
En una sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Yucatán volvió a rechazar la reforma constitucional que permitiría armonizar la legislación local con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
La iniciativa requería 24 votos a favor para aprobarse, pero solo obtuvo 21 respaldos de diputados de Morena, PRI, PT y Movimiento Ciudadano. Los legisladores del PAN y PVEM votaron en contra, impidiendo el cambio.
La propuesta buscaba modificar el artículo constitucional que actualmente establece que “desde el momento de la fecundación entra bajo protección de la ley”. De haberse aprobado, el texto quedaría en que el Estado reconoce y protege el derecho a la vida de todo ser humano, sin la referencia a la fecundación, tal como ordena la SCJN.
Durante la sesión, la diputada Clara Rosales Montiel, de Morena, subió a tribuna para recalcar que este dictamen era un mandato legal y un acto de justicia. Señaló que el desacato a la Corte es “una forma de violencia institucional” y que “la ley se cumple, aunque incomode”.
¿Qué significa la decisión del congreso local para la SCJN?
La SCJN es la máxima autoridad constitucional del país y sus resoluciones son obligatorias para todos los poderes públicos, incluidos los congresos locales. Rechazar su cumplimiento implica desacato, una falta que ya ha derivado en multas al Congreso de Yucatán.
En cuanto a las sanciones, estas pueden llegar a alcanzar entre 230 y 2,295 UMAS, es decir, más de 259 mil pesos, sin embargo, a la fecha no se ha informado sobre que medidas se tomaran.
Este desacato no solo retrasa la armonización legal, sino que también genera inseguridad jurídica, ya que el Código Penal estatal permite el aborto hasta las 12 semanas, pero la Constitución mantiene un artículo que contradice esa disposición.
¿Qué consecuencias puede tener el rechazo del Congreso?
A partir de este punto de quiebre, las consecuencias podrían variar, ya que al ser la SCJN la máxima autoridad, esta tiene la capacidad de aplicar las sanciones correspondientes, entras las cuales pueden estar:
- Sanciones económicas: Nuevas multas impuestas por la SCJN.
- Procedimientos de ejecución: La Corte podría ordenar acciones legales para forzar el cumplimiento.
- Inseguridad jurídica: Confusión entre lo que dice la Constitución y lo que establece el Código Penal.
- Crisis institucional: Se debilita la autoridad del máximo tribunal y aumenta la tensión entre poderes.
El rechazo del Congreso de Yucatán mantiene abierto un conflicto legal y político con la Suprema Corte, el cual además de ser un dilema político, deja en incertidumbre a personas gestantes y al personal de salud. Evidenciando una resistencia legislativa que podría prolongar el desacato y sus consecuencias.
