Derechos LGBTQ+ en Yucatán: logros históricos y retos urgentes en 2025
En el estado de Yucatán, la comunidad LGBTQ+ ha sostenido una lucha larga y constante por sus derechos, marcada por avances importantes, pero también por numerosos desafíos y pendientes. Los logros siguen siendo recientes y aún insuficientes.
Alex Orué, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y quien trabaja para la organización It Gets Better México, platicó con POSTA Yucatán sobre los retos y progresos en la lucha por la igualdad, a través de un activismo sólido que ha sabido abrirse paso en un entorno social y político complejo.
¿Cuáles son los grandes logros en derechos LGBT+ en Yucatán?
Yucatán es la segunda entidad de México con más casos de VIH y sida, con un repunte en los últimos meses, de acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih).
Orué señala que uno de los logros históricos para la comunidad gay es la respuesta organizada de la propia comunidad y de las organizaciones que atienden el tema del VIH y el sida, brindando atención a la población en Yucatán.
Lamentablemente, a la fecha Yucatán sigue siendo uno de estos primeros lugares de incidencia de personas que viven con VIH, de nuevos casos y de incluso personas que ya viven con en fase de SIDA. Yo creo que esto se debe en gran medida a la falta de políticas públicas al respecto por parte de administraciones pasadas".
Alex Orué - Activista por los derechos LGBTQ+
Otro hito fundamental fue la aprobación del matrimonio igualitario en 2019, tras una lucha de más de diez años que incluyó demandas legales contra el Congreso local y el entonces gobernador Mauricio Vila, en busca de transparencia y respeto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Entonces, más de 10 años de lucha, de tratar de corregir eso, culminó con este litigio estratégico que desde nuestro colectivo hicimos y que llegamos hasta la Suprema Corte, haciendo que la misma legislatura que en 2019 votó en contra y en secreto tuvieran que hacerlo abiertamente y a favor".
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Cabe recordar que en 2009, mientras en la Ciudad de México —entonces Distrito Federal— se legalizaba el matrimonio igualitario, en Yucatán se impusieron candados institucionales durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
El también colaborador del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán apunta que la exgobernadora, quien ahora se presenta como aliada desde Movimiento Ciudadano, traicionó en su momento a la comunidad LGBTQ+ al no vetar esas iniciativas en el Congreso local.
Alex Orué también menciona que ha habido avances en el reconocimiento legal de las identidades transgénero en Yucatán, aunque todavía sin incluir a juventudes, infancias y personas no binarias.
Yucatán, como pasó con el matrimonio igualitario, era el sándwich homofóbico y el sándwich transgénero móvil de la península porque Campeche y Quintana Roo lo tenían. En temas de derechos LGBT, Yucatán lamentablemente llega a último lugar en la península, pero bueno, se logró
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Entre los logros más recientes destaca la instalación del primer Comité de Diversidad Sexual con presupuesto propio, del que Orué forma parte junto con otros activistas, representantes de la sociedad civil y agrupaciones que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Aquí no hay victoria completa, es empezar con lo que se tuvo que haber hecho desde hace mucho, establecer un diálogo con sociedad civil y también empezar a pintar como una fotografía, entender qué es lo que está pasando afuera, porque queremos eliminar la discriminación, queremos erradicar la homofobia, pero ¿cómo lo hacemos?.
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Asimismo, señaló que, a través de la Secretaría de las Juventudes, se está impulsando una encuesta dirigida a personas LGBTQ+ en Yucatán, con el objetivo de conocer cómo se vive la diversidad más allá de Mérida, ya que la realidad en lugares como Telchac o Tizimín es distinta.
¿Cuáles son los principales retos y metas para la comunidad LGBT en Yucatán?
Los retos en Yucatán son múltiples. El activista destaca la lucha por la erradicación total de las pseudoterapias de conversión, que, aunque ya son ilegales, aún carecen de regulación y de protocolos claros para prevenirlas y sancionarlas adecuadamente en la entidad.
Sí, hay que erradicarlas, si hay que eliminar estas terapias de conversión, cualquier intento de querer cambiar la orientación sexual o identidad de género de alguien. Pero para que eso ocurra tienes que entender cómo sucede, ¿quién te conecta con quién? ¿Quiénes son estos profesionales entre comillas que promueven que pueden hacer esto?
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Otro reto importante es la educación y sensibilización en los sectores de salud, justicia y seguridad pública, para evitar prejuicios y mejorar la atención sin discriminación. Esto sigue siendo un problema grave, ya que no existe un organismo funcional en el estado que atienda y resuelva estos casos de manera efectiva.
Finalmente, la deuda histórica con las personas que viven con VIH exige atención prioritaria en materia de salud pública. Que Yucatán tenga una alta incidencia de casos es reflejo de que muchas personas no saben cómo prevenir y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a tratamientos preventivos.
¿Qué desafíos presenta la justicia electoral para la comunidad LGBT y otras minorías?
En las pasadas elecciones, Katia Bolio Pinelo, aspirante al Senado por la coalición PAN-PRI-PRD, fue señalada de usurpar una candidatura que, de manera legítima, correspondía a un miembro de la comunidad LGBTQ+. Esto fue denunciado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.
Ante esta situación, Alex Orué fue una de las voces que cuestionaron la apropiación indebida de un espacio de acción afirmativa y la decisión de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó una candidatura pensada para personas abiertamente LGBTQ+.
El activista afirma que la defensoría pública electoral cuenta con recursos humanos y económicos muy limitados, lo cual resulta insuficiente para atender la demanda de justicia. Esto genera un cuello de botella que afecta la representatividad y participación política de las comunidades vulnerables.
Para evitar que estas situaciones se repitan en futuros procesos electorales, es urgente blindar las normativas del Instituto Nacional Electoral (INE) y fortalecer la justicia electoral, con el fin de garantizar la equidad y el respeto a los derechos de todas las personas.
Aunque Yucatán ha avanzado en materia de derechos LGBTQ+, aún enfrenta retos estructurales que exigen voluntad política, recursos y diálogo con la sociedad civil. La igualdad real requiere no solo leyes, sino su cumplimiento y el reconocimiento pleno de la diversidad.