Granjas porcícolas en Yucatán: ¿qué problemas siguen tras la clausura de Pecuaria Peninsular?
La clausura de la empresa Pecuaria Peninsular en Yucatán fue celebrada como una victoria de las comunidades mayas que, durante años, han defendido el agua, la selva y la salud de sus familias frente a la industria porcícola.
Y aun que es un punto a favor de las comunidades indígenas, esta acción no significa el final del problema, pues más de 500 granjas porcícolas y avícolas continúan operando en la península, y menos del 10% cuentan con permisos de impacto ambiental.
¿Por qué siguen siendo un riesgo las granjas porcícolas en Yucatán?
La contaminación de mantos freáticos, cenotes y pozos con desechos porcinos es un riesgo comprobado por estudios científicos. Esta situación pone en peligro el derecho humano al agua limpia y la salud pública, además de contribuir a la destrucción de la selva.
Pese a sanciones y órdenes judiciales, muchas empresas siguen operando con impunidad, lo que evidencia la falta de regulación y la corrupción en el sector. Las comunidades señalan que Yucatán se ha convertido en un vertedero de desechos de la industria porcícola, con impactos ambientales y sociales de gran escala.
¿Qué ha hecho la Profepa ante las granjas ilegales?
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado inspecciones en al menos 19 municipios de Yucatán, incluyendo Mérida, Tizimín, Izamal, Kinchil y Muna. En estas revisiones se han detectado irregularidades y se han emitido órdenes de cumplimiento ambiental, como ocurrió en el caso de Pecuaria Peninsular.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell reconoció la lucha de las comunidades locales y aseguró que la clausura es un paso importante hacia la justicia ambiental. Sin embargo, activistas y organizaciones como Greenpeace insisten en que se debe revisar a fondo la legalidad de todas las granjas y frenar la expansión de estas mega instalaciones.
¿Qué se necesita para resolver la problemática?
Especialistas y colectivos señalan que es urgente garantizar la reparación de daños, sancionar a las empresas reincidentes y evitar que se otorguen nuevos permisos a mega granjas porcícolas en la Península de Yucatán. El objetivo es proteger los ecosistemas, el agua y la salud de las comunidades, además de cumplir con el derecho a un medio ambiente sano.
La clausura de una sola empresa es un avance, pero la problemática de fondo sigue activa y requiere acciones firmes por parte de las autoridades ambientales.
