Reforma al ISSTEY en Yucatán: qué aprobó el Congreso y cómo beneficia a los trabajadores
Con votos a favor de las bancadas del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, este viernes, en Sesión Ordinaria del Congreso de Yucatán, se aprobó la reforma a ISSTEY para revertir la ley impulsada por el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal en 2022.
Las y los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra de la iniciativa del gobernador Joaquín Díaz Mena para modificar la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
¿Qué se aprobó en el Congreso de Yucatán?
El Congreso local aprobó una reforma al ISSTEY que busca revertir los efectos de la ley de 2022 y proteger los derechos más de 42 mil trabajadoras y trabajadores estatales. Entre los cambios más importantes se incluyen:
- Reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años.
- Eliminación del salario regulador, declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
- Derecho a jubilación voluntaria con 30 años de cotización en hombres y 28 en mujeres, sin límite de edad.
- Congelamiento al 11% de las cuotas al fondo de jubilaciones y establecimiento de candados para evitar inversiones de riesgo.
PAN contra la Reforma al ISSTEY
Durante la sesión, el panista Roger Torres Peniche se manifestó en contra argumentando que los cambios propuestos no serían responsables ni sostenibles, representando un riesgo financiero y carente de respaldo técnico.
La postura de Acción Nacional contrasta con la mayoría de los diputados y sindicatos que defendieron la iniciativa como una medida necesaria para recuperar derechos laborales arrebatados en la ley de 2022.
¿Qué proponía la controvertida ley del ISSTEY de Vila?
Aprobada durante el gobierno de Mauricio Vila, la ley del ISSTEY generó polémica por restringir derechos de las y los trabajadores estatales, pues entre sus medidas estaban el aumento de la edad de jubilación, la introducción del salario regulador para calcular pensiones y ajustes en las cuotas de aportación al fondo de jubilaciones.
Estas disposiciones redujeron beneficios, limitaron el acceso a jubilaciones anticipadas y fueron declaradas parcialmente inconstitucionales por la Suprema Corte, sentando las bases para la reforma impulsada en 2025.
