Yucatán frena el aborto: ¿Quiénes son los diputados del PAN que votaron en contra?
El Congreso de Yucatán volvió a rechazar la reforma constitucional que buscaba armonizar la legislación local con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.
En esta votación, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) fue clave para frenar el dictamen, ya que todos sus integrantes presentes votaron en contra, junto con legisladores del PVEM. La decisión mantiene un conflicto legal con la SCJN y prolonga la incertidumbre jurídica para personas gestantes y personal de salud en el estado.
¿Quiénes fueron los diputados panistas que votaron contra despenalizar el aborto?
Durante la sesión extraordinaria, los siguientes 12 diputados del PAN estuvieron presentes y se pronunciaron en contra del dictamen:
- Roger José Torres Peniche
- Ángel David Valdéz Jiménez
- Rafael Gerardo Montalvo Mata
- Manuela de Jesús Cocom Bolio
- Melba Rosana Gamboa Ávila
- María Teresa Boehm Calero
- Sayda Melina Rodríguez Gómez
- Álvaro Cetina Puerto
- Zhazil Leonor Méndez Hernández
- Ana Cristina Polanco Bautista
- Itzel Falla Uribe
- Marco Antonio Pasos Tec
Su voto impidió que se alcanzara la mayoría calificada de 24 sufragios necesarios para reformar la Constitución local.
¿Cuál fue el dictamen de la SCJN que se discutió?
El proyecto sometido a votación respondía a una sentencia de amparo emitida por la SCJN, que ordenaba suprimir de la Constitución estatal la frase “desde el momento de la fecundación” y reconocer únicamente que el Estado protege la vida de todo ser humano.
Este cambio era necesario para armonizar la Constitución yucateca con el Código Penal, que ya permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
La diputada morenista Clara Rosales Montiel defendió el dictamen como un mandato legal y advirtió que el desacato constituye violencia institucional.
¿Qué significa la decisión del Congreso de Yucatán?
Al rechazar la reforma, el Congreso incurre en desacato a una resolución de la SCJN, lo que podría derivar en nuevas sanciones económicas de entre 230 y 2,295 UMAS (más de 259 mil pesos). Además, la persistencia de un texto constitucional contrario al fallo federal genera inseguridad jurídica y retrasa la plena aplicación de los derechos reproductivos en Yucatán.
La decisión también refleja un posicionamiento político que desafía a la Corte y prolonga el conflicto entre el Poder Legislativo estatal y la máxima autoridad judicial del país.
