Caso padre Ernesto Baltazar: juez impone prisión preventiva a pareja señalada por desaparición y homicidio
Imponen prisión preventiva a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por la desaparición y muerte del padre Ernesto Baltazar, mientras las autoridades anticipan posibles nuevas órdenes de aprehensión.
Durante la audiencia inicial, la defensa de ambos imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para tratar de demostrar su inocencia en los hechos, petición que fue aceptada por el impartidor de justicia.
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¿Qué pasó en la primera audiencia por la muerte del padre Ernesto Baltazar?
La sesión duró poco más de tres horas en los juzgados de Cuautitlán, con la presencia de agentes del Ministerio Público, quienes presentaron cargos por el delito de desaparición cometida por particulares.
María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron detenidos hace unos días mediante una orden de aprehensión cumplimentada por agentes ministeriales, debido al reporte de extravío del párroco de Tultitlán ocurrido el pasado 27 de octubre.
A la par, autoridades judiciales aún se encuentran en proceso de integrar una segunda carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de los detenidos, la cual presuntamente sería cumplimentada en las próximas horas.
También investigan a una tercera persona, identificada como Fabiola “N”, quien sería la mujer que llevó al padre Ernesto a la vivienda de los presuntos homicidas.
¿Qué se sabe de las investigaciones por el caso del padre Ernesto Baltazar?
De acuerdo con las indagatorias, la detención de ambos sospechosos se logró tras identificar el vehículo de la víctima y una motocicleta en arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo.
Las líneas de investigación permitieron ubicar al dueño de la unidad en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, donde fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropa de la víctima y pertenencias personales.
En el sitio hallaron una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos detectados mediante la prueba “Blue Star”.
Según la investigación, el pasado 29 de octubre el padre Ernesto acudió a ese domicilio en compañía de una mujer, donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”, y habrían consumido bebidas alcohólicas y estupefacientes.
“En algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante a E.B.H.V., provocándole heridas que le ocasionaron la muerte”, señalaron autoridades.
Al lugar también arribó María Fernanda “N”, señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, quien presuntamente ayudó a ocultar el cuerpo en bolsas que posteriormente fueron amarradas a un sillón.
Objetos hallados durante la investigación, en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán. Foto: Especial
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¿Qué pasó con el padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis?
Los detenidos señalaron que el 30 de octubre trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.
Con estos datos, autoridades solicitaron una orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” por su presunta intervención de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima.
Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán.
Tras su detención, la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mientras que el hombre fue enviado al de Cuautitlán, ambos a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.
Según autoridades, Brandon Jonathan “N” tiene antecedentes penales en el Estado de México, donde compurgó una sentencia de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.
Las autoridades también informaron que ya fue identificada la mujer que acompañó al padre Ernesto Baltazar en sus últimos momentos de vida, y que actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito.
El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.
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