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CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó la noche del jueves 28 de mayo de 2020 que se congelaron las cuentas de tres directivos del Cruz Azul: Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Los tres fueron señalados de administración fraudulenta y lavado de 1.2 mil millones de pesos en movimientos financieros en otros países y pagos a supuestas empresas fantasma. El presunto esquema de lavado de dinero parece haber implicado cientos de millones de pesos en facturas falsas y parte de las ganancias se usaron para comprar bienes raíces en Estados Unidos, según el director de la UIF, Santiago Nieto, en entrevista con W Radio.

Las revelaciones de un trabajador importante de la cementera Cruz Azul señalaron que Guillermo Álvarez “saqueó” millones de pesos y los ocultó en Estados Unidos y España, de acuerdo con lo revelado por el periódico La Jornada.

Ante la necesidad de responder con compromisos salariales para miles de personas durante la pandemia, la UIF descongeló las cuentas para que Cruz Azul pudiera pagar a sus empleados. Sin embargo, los tres directivos de la institución siguen siendo investigados y con sus cuentas congeladas.

Sergio Barradas, abogado de Cruz Azul, explicó que no se trataba de afectar al equipo, pero sí de retirar a los dirigentes del cargo.

Fue desde abril de 2019 que se habrían realizado las denuncias en contra de los directivos de la Cooperativa Cruz Azul por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos, de acuerdo con el periódico Reforma.

Sin embargo, Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, aseguró que las denuncias que propiciaron la investigación financiera contra los hermanos Álvarez y Garcés fueron hechas por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, los presuntos cabecillas del llamado “grupo de disidentes” de la Cooperativa, con el único objetivo de “alterar la paz social de la organización”.

También recalcó que el movimiento se dio con base en la presunción, más no en la acreditación de ningún delito, por lo que las autoridades correspondientes realizan las pesquisas necesarias para corroborar o desechar la presunción.