Demandan 27 estados a gobierno de Biden por requisito de vacuna
El gobierno de Biden ha estado alentando la vacunación generalizada como la forma más rápida para salir de la pandemia
JEFFERSON CITY, Montana — Más de dos docenas de estados con gobiernos republicanos impugnaron el viernes el requisito de vacunación contra el COVID-19 ordenado por el presidente Joe Biden para las compañías, una confrontación entre la autoridad federal y los derechos de los estados en la que hay mucho en juego.
El requisito emitido el jueves por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) se aplica a empresas con más de 100 empleados. Sus trabajadores deben estar vacunados contra el COVID-19 para el 4 de enero o de lo contrario tendrán que utilizar mascarillas y someterse a pruebas diagnósticas semanales. En la demanda se le pide a los tribunales que decidan si la medida ordenada por el gobierno para frenar la pandemia representa un abuso del poder federal y usurpa la autoridad de los estados para establecer políticas de salud.
Al menos 27 estados incoaron demandas impugnando la normativa.
“Este mandato es inconstitucional, ilegal e insensato”, declaró el procurador de Missouri, Eric Schmitt, en una demanda presentada ante la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito en nombre de 11 estados.
El gobierno de Biden ha estado alentando la vacunación generalizada como la forma más rápida para salir de la pandemia. Una portavoz de la Casa Blanca dijo el jueves que el mandato pretende detener la propagación de una enfermedad que ha cobrado más de 750.000 vidas en Estados Unidos.
El gobierno dice confiar en que su requerimiento, que incluye multas de casi 14.000 dólares por infracción, resistirá las impugnaciones jurídicas en parte porque sus normas de seguridad tienen preeminencia sobre las leyes estatales.
Seema Nanda, abogado del Departamento del Trabajo federal, dijo en un comunicado el viernes que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional le da a la OSHA la autoridad para actuar rápidamente durante una emergencia si halla que los trabajadores están sujetos a un peligro grave. La agencia alega que su norma temporal también tiene preeminencia sobre cualquier prohibición estatal o local a la capacidad de los empleadores para requerir que sus trabajadores estén vacunados.
