A la alza casos de niñas de 10 años que se convierten en mamás en México; este estado encabeza la lista
Organizaciones defensoras solicitan que se investiguen estos casos para garantizar justicia y protección a las niñas y menores de edad en México.
En México, durante 2024, al menos 30 niñas de entre 10 y 12 años se convirtieron en madres, muchas de ellas con padres significativamente mayores. La información fue publicada recientemente por la Secretaría de Salud en su sitio oficial de Datos Abiertos de Nacimientos.
Estos casos representan una evidencia alarmante de violencia sexual infantil, la cual —advierten activistas— se encuentra normalizada e invisibilizada por las estructuras sociales y judiciales del país. Diversas organizaciones, especialmente feministas, han calificado estas situaciones como violaciones agravadas contra menores, que deben ser atendidas con urgencia desde un enfoque de derechos humanos.
Te puede interesar....
¿Cuál es la diferencia de edad entre las niñas madres y los padres en los casos registrados?
Entre los casos más extremos se encuentra el de una niña de 11 años originaria de Matehuala, San Luis Potosí, quien tuvo un hijo con un hombre de 47 años, una diferencia de 36 años. En El Oro, Estado de México, se registró un nacimiento entre una niña de 12 años y un hombre de 65 años, lo que representa 53 años de diferencia.
En total, 14 estados reportaron al menos un caso con estas características. Puebla (5), Chiapas (4), Veracruz (4) y Guerrero (3) encabezan la lista. Estas entidades coinciden con zonas de alta pobreza y marginación, según el Coneval, y en muchos casos también con culturas profundamente conservadoras que silencian o justifican la violencia sexual infantil bajo la justificación del “matrimonio arreglado” o la “costumbre”.
Otros casos revelan incluso diferencias más amplias con adolescentes. Por ejemplo, una joven de 16 años en San Luis Acatlán, Guerrero, tuvo un hijo con un hombre de 85 años; o una joven de 15 años en Tabasco, con un hombre de 75 años, brechas de edad que alcanzan hasta 69 años.
Dos casos en Coahuila y Guanajuato presentan hombres de 97 y 95 años de edad.
¿Qué dice la ley en México sobre embarazos infantiles?
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el embarazo infantil y adolescente, y garantizar una vida libre de violencia. Sin embargo, la existencia misma de estos nacimientos demuestra una falla estructural en la prevención, denuncia y justicia.
A pesar de que la NOM-046-SSA2-2005 permite la interrupción legal del embarazo sin denuncia para niñas mayores de 12 años víctimas de violación, en la práctica muchas instituciones médicas niegan este derecho por prejuicios morales, desinformación o miedo a represalias. Por si fuera poco, la mayoría de los hombres involucrados no enfrenta proceso penal alguno, ni siquiera investigaciones abiertas.
¿Cómo afecta la pobreza y el machismo estructural a las niñas?
Las niñas embarazadas no solo son víctimas de violencia sexual. Son también víctimas del abandono institucional, la normalización del abuso, la falta de educación sexual integral y la ausencia de justicia. En los estados donde se registraron estos casos —Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Guerrero— coinciden factores como:
Altos niveles de pobreza multidimensional
Baja cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva
Prácticas patriarcales como el matrimonio infantil
Escasa denuncia por miedo, vergüenza o presión familiar
Te puede interesar....
¿Qué exigen las organizaciones feministas ante estos casos?
Colectivos y redes feministas han insistido durante años en que el embarazo infantil no puede entenderse como un “embarazo adolescente” ni como una simple estadística. Es el resultado de un delito grave, de una violación a los derechos humanos de niñas que, en lugar de jugar, estudiar o soñar, son forzadas a maternar.
Estas son sus principales demandas:
Tipificar correctamente y castigar los embarazos infantiles como delitos de violación agravada.
Aplicar la NOM-046 sin restricciones morales ni burocráticas.
Invertir en educación sexual integral, accesible y laica.
Garantizar acompañamiento legal, psicológico y de salud a las víctimas.
Poner fin a la impunidad de los agresores, sin importar vínculos familiares o religiosos.
Defensores de los derechos de la niñez y colectivos feministas han solicitado que estos casos sean investigados a profundidad, garantizando procesos transparentes y con perspectiva de género, para asegurar la protección integral de las niñas involucradas y el acceso a la justicia sin revictimización.
Debido a la edad de algunas de las niñas madres, insisten en que no hubo consentimiento válido y que estos casos deben abordarse desde un enfoque de abuso y violencia sexual infantil. Asimismo, destacan la urgencia de fortalecer las políticas públicas para prevenir la violencia sexual y los embarazos infantiles en el país.
