Investigó México a defensoras de víctimas como si fueran criminales
La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas, mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos
CIUDAD DE MÉXICO — La antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las víctimas de varias masacres contra migrantes o ayudaban a saber la verdad sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia organizada, denunciaron el miércoles colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a cientos de familias de migrantes desaparecidos en México y Centroamérica; Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave, entre otras, de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014; y Marcela Turati, una destacada y premiada periodista mexicana especializada en temas de desaparecidos en México.
La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas, mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México, en 2011.
Delgadillo explicó que después de años de pedir la información sobre las pesquisas de las fosas a la que tenían derecho como abogados de las víctimas en mayo pudieron acceder a un tomo del expediente y descubrieron que estaba dedicado a investigarlas a ellas “citando como marco de referencia la delincuencia organizada y secuestro” y sin ningún sustento válido.
“El ataque no es solo a nosotros, es un ataque a la democracia”, sentenció la abogada, porque se intentó criminalizar al sistema mexicano de derechos humanos, de representación de víctimas, a los servicios forenses independientes y a la libertad de expresión.
Las tres fueron arropadas el miércoles por familias de víctimas y colectivos mexicanos y centroamericanos, el Comité para la Protección de Periodistas (una ONG con sede en Nueva York), Amnistía Internacional y hasta representantes de la oficina de la ONU en México.
Parte de estas ONG denunciaron que con esta actuación 'se distorsionó y se engañó al sistema (de procuración de justicia) alejándolo del fin para el que fue creado: el combate a la impunidad” y se puso a las tres mujeres en riesgo.
