Presenta Va por México acción de inconstitucionalidad contra PEF 2022
Los diputados de la coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD consideran que pone en riesgo los derechos humanos, de salud y seguridad de las y los mexicanos, al recortar recursos en programas importantes.
CIUDAD DE MÉXICO.- Al considerar que el presupuesto del próximo año transgrede el principio de progresividad, la alianza Va Por México en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del PEF 2022.
Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN, Jorge Romero Herrera, del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinosa Cházaro argumentaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 viola el principio de progresividad que establece en el artículo 1 constitucional de la reforma de 2011, además que es regresivo porque no aumentó programas que protegen los derechos humanos de las personas.
Dichos temas están basados en los rubros del fortalecimiento al federalismo, salud, educación, la protección de las mujeres, el medio ambiente y la violación a los derechos político-electorales con el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE).
Los legisladores citaron como ejemplo citaron el caso del sector salud, donde acusaron que el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios.
Otros de los programas que refieren en el documento es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos.
En educación, señalaron la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo y el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena.
Una de las instituciones más castigada es el INE, con un recorte de 4 mil 913 millones de pesos y la baja de 43 por ciento al sueldo de los consejeros electorales, por lo que los legisladores advirtieron que el presupuesto del próximo año significa “una amenaza a la democracia de México” al obligar al INE a realizar la consulta de revocación de mandato sin los recursos suficientes y vulnerando los derechos de las y los mexicanos a participar en la consulta que es mandato de Ley.
