Respetuosamente confieso que no me gusta el estilo del columnista Javier Risco, pero al mismo tiempo confieso que siempre lo leo.

Y hace días escribió un texto que tituló: “En ti confío, Andrés Manuel”, ahí se refiere a una declaración a medios de comunicación que hizo la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en relación a los formatos nuevos que están aprobados para que todos los servidores públicos hagan sus declaraciones estrictamente transparentes a partir de abril de este año.

Lo que robó mi atención es que fue nada más y nada menos que la propia Secretaria de la Función Pública del gobierno federal quien señaló que los nuevos formatos de transparencia personal para servidores públicos son “complejos e inaccesibles”, afirmando que son formatos que se tienen que seguir revisando porque son un “merequetengue” y una “telaraña” y que poco abonan al combate a la corrupción.

Increíble.

De ahí que coincida con lo que sostuvo Risco en su columna: Vaya amenaza que representa este intento de cambiar los formatos a la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador...

Porque, hay que recordar que esta batalla por la transparencia y el combate a la corrupción, si bien ha desembocado en nuevas disposiciones legales y figuras como los sistemas anticorrupción -en donde ciertamente participan autoridades-, es primero que nada, una lucha ciudadana en contra de los abusos, pues la corrupción ha permeado a tal grado que es uno de los factores más importantes que acentúan la desigualdad en el país.

Es que es innegable: entre más corrupción haya más lastimosa es la desigualdad que existe, y pobreza es la que se respira en nuestras ciudades.

A título personal he dado testimonio y he sido partícipe de esta lucha ciudadana desde sus inicios. Han participado muchísimos organismos de la sociedad civil, y la han respaldado moralmente millones de ciudadanos en todo México.

Frenar los formatos aprobados y además avalados vía Decreto, sería no solo faltarle al respeto a todo este movimiento social en favor de una mejor rendición de cuentas, sino que, además, sería ir en contra de la legalidad, puesto que esto se acordó y publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del año pasado.

¿Entonces? ¿Pasarán por alto lo que ya cobró vigencia? No entiendo...

Tengo que preguntarlo: ¿En este gobierno federal será posible que exista una especie de “nueva moralidad pública ilegal”?

Estoy seguro que la suma de la observancia de la constitución y la “cartilla moral”, nos pondría en el camino correcto rumbo a un auténtico Estado de Derecho (que es lo deseable), pero la “cartilla moral” sin observancia constitucional, nos da como resultado la corrupción legal, es decir, la simulación.

Ojalá entonces la declaración de la Secretaria de la Función Pública quede solo en una desafortunada declaración ante medios de comunicación, y continúe en puerta la entrada en vigor de los nuevos formatos a partir de abril, para así hacer realmente transparentes las declaraciones patrimoniales en el servicio público, tal como lo mandata la ley.