Hace quince días le alertamos de que al gobierno se le venían dos semanas difíciles en materia de derechos humanos; de las más complicadas del sexenio. También planteamos que en la forma en que reaccionara el gobierno podía estar la solución.

La respuesta gubernamental no acaba de pasar por la autocrítica. Se revisan los argumentos de la CIDH y la ONU en un terreno inmediatista, siendo que el problema es un mal endémico que toca por igual a este gobierno que a otros.

El gobierno debe asumir el estado de las cosas no como una acusación o fatalidad. Tratar de defenderse bajo argumentos como de que en sólo cinco días no se puede saber lo que pasa en el país y que la CIDH y la ONU no tienen una visión global termina por ser una respuesta parcial, que es lo mismo de lo que se acusa a la ONU, y particularmente a la CIDH.

En estos 15 días han pasado cosas positivas. Una de ellas es la actitud del gobierno. A sabiendas de que la situación es compleja no ha cerrado las puertas y ha dialogado con los organismos internacionales, los cuales, bien se sabía, traían informes severos, rudos y bravos sobre la violación a los derechos humanos.

El gobierno ha asumido una actitud encomiable. No sólo ha respondido, en una combinación de obligación y convicción, sino que además fue quien invitó al grupo de expertos en el caso Ayotzinapa, a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU.

Si el mal es efectivamente endémico, lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer y asumir las responsabilidades que le tocan y entender que los problemas cruzan la nación.

Las visitas de estos días, dentro de la gravedad de las cosas son lo mejor que puede pasar. Lo que vivimos no sólo lo vemos nosotros, también se ve desde organismos respetados y respetables.

No estamos bajo una fatalidad. Todo forma parte de un desarrollo desigual de décadas; de los altos niveles de corrupción, a los cuales hemos hecho una forma cotidiana; de cómo hemos perdido el sentido de la vida, y de cómo los diferentes gobiernos han hecho poco o nada para cambiar las cosas.

Estamos en donde teníamos que acabar. El gobierno tiene todavía capacidad de maniobra y en lugar de defenderse debe pasar a la ofensiva con la sociedad para iniciar la defensa de los derechos de aquellos a quienes gobierna, los cuales están en un muy delicado momento.

[-] RESQUICIOS.. Así lo dijeron ayer: En Tlatlaya no había motivo para ejecutar a nadie. Si de eso se hubiera tratado debieron matar a las mujeres presentes porque podrían ser testigos, como ya lo son: Juan Velásquez, abogado.

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