El Gobierno está haciendo una apuesta múltiple en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Ha venido desarrollando un proceso de investigación que pueda permitir conocer sin limitación alguna lo que pasó en la llamada “noche más triste”.

Recordemos, porque nunca estará de más hacerlo, que estamos ante uno de los hechos más brutales que haya vivido la sociedad mexicana. Recordamos también que el caso no solamente afectó y trascendió la vida nacional; es hoy referente sobre el país en el mundo.

Desde hace al menos 15 días se habló de la posibilidad de que algunos detenidos, como presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, estarían por ser liberados. Siendo así, nadie puede decirse sorprendido por lo que pasó este fin de semana: 24 personas vinculadas al caso quedaron en libertad, a lo que hay que sumar el caso del afamado Gildardo López, El Gil.

Caben dos hipótesis, las cuales podrían estar interrelacionas. Por un lado, tratar de sacar de la cárcel a todas estas personas, debido a la maraña de intereses en la desaparición de los muchachos. La otra posibilidad, la cual en nuestro país nunca está para desecharse, es que el caso no contenga los elementos básicos de la ley; es muy probable que estemos de nuevo en el cuestionamiento del debido proceso.

Estamos en la muy lamentable dinámica de que no terminamos por conocer si las personas referidas como presuntos responsables, lo son. Al final, el debate no es sobre responsabilidades, más bien todo se remite a buenos abogados que ponen en entredicho el desarrollo del proceso judicial; el caso Florence Cassez nos llevó a ser conscientes de lo que puede pasar.

Lo que resulta de enorme importancia conocer es el porqué habiendo evidencia, se les dejó en libertad sin que nada ni nadie apelara o frenara lo que desde hace meses adelantó Alejandro Encinas.

Por otro lado, todo indica que, como usualmente se hace en las investigaciones en la pasada administración, con tal de presentar resultados les importó poco o nada el método para conseguirlos. Se torturó física y psicológicamente, se intimidó y se buscó a toda costa que los detenidos hablaran.

Buena parte de la investigación original muy probablemente termine aparejada con los hechos. El problema es que, desde un primer momento, el caso conjuntó intereses y una gran militancia, la cual incluso pasó por los medios.

Toda la maraña que se formó en torno a la desaparición de los normalistas, si a alguien le ha beneficiado es a quienes perpetraron el delito. Si muchos de los responsables eventualmente son quienes salieron de la cárcel en estos días, va a ser realmente difícil revertir el caso; es un asunto que cae en el terreno legal.

Estamos a menos de 10 días de que se cumplan cinco años de los hechos en Iguala. Se presentarán grandes manifestaciones en muchas ciudades del país. Es una oportunidad para que el Gobierno y en particular la FGR, informen del estado de las cosas. En estos 10 meses ya deben tener reportes que permitan conocer dónde están los puntos clave y quiénes son los responsables del desaseado proceso.

Filtrar que se va a actuar en contra de uno u otro exfuncionario, hace unos días se mencionó que irían tras Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, para lo único que sirve es para alentar expectativas, lo cual, como bien se sabe, en muchos casos puede terminar en auténticos petardos.

A quien se debe perseguir es a los responsables de la desaparición de los normalistas, a quienes están detrás de la liberación de presuntos responsables y de quienes tienen que ver con el desaseado proceso.

Insistimos, hay cosas en este lamentable y triste caso que vale la pena retomar; no lo dejen pasar sólo porque es parte del señalado pasado.

RESQUICIOS.

Fue una fiesta la del domingo. Más allá de lo que se vivió en el Zócalo, la ceremonia de El Grito fue cuidadosa, seria, cargada de nuevos símbolos y muy a la manera del Presidente. Fue un muy buen 15 de septiembre.