Foto: Posta/ Saul.García
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TAMAULIPAS.- No hace mucho tiempo que en el estado de Tamaulipas funcionaban 29 casinos, pero en el primer año de su gobierno, Francisco García Cabeza de Vaca emprendió una cacería para cerrarlos y lo logró.

“Con ello se nulifica una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado”, señalaba el Gobernador el año pasado.

La estrategia no era acabar con todos esos negocios de apuestas que habían sido permitidos por gobiernos priistas.

Se trataba de mostrarles que había un nuevo Gobernador y que el negocio de sus operaciones y ganancias sería ahora controlado por el Estado.

Un año se tardó para cerrarlos y luego reabrirlos bajo sus condiciones.

Iniciativa de Decreto, cuando los casinos eran "el demonio".
Iniciativa de Decreto, cuando los casinos eran "el demonio".

Con el apoyo mayoritario de los diputados panistas y el silencio de los legisladores priistas se reformó el artículo 134 de la Constitución del Estado, La Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas.

De un plumazo, ya no había casinos en Tamaulipas y a los municipios no se les permitiría en adelante otorgar permisos o licencias sobre uso de suelo para construir casinos.

Para Cabeza de Vaca y los panistas, los casinos eran hasta hace un año fuentes de financiamiento ilícito para el crimen organizado.

Es del dominio público que la delincuencia se sirve de diversos medios para obtener recursos disfrazados de licitud mediante el funcionamiento y operación de establecimientos que les proveen dinero, mismo que es utilizado a su vez para seguir delinquiendo.
Francisco García Cabeza de Vaca, el 24 de mayo de 2017.

Para Cabeza de Vaca, los casinos eran el mismo "demonio":

“Según la iniciativa presentada, el establecimiento de estos giros incide de manera directa en una serie de problemas transversales en la sociedad tamaulipeca. Por un lado, el factor salud, al representar la ludopatía una enfermedad que prácticamente es de nula atención por parte de éste ramo, así como el daño al propio sector de bienestar.

Pero el "demonio" siempre no lo fue, porque el pasado 21 de noviembre, el Congreso del Estado con mayoría panista aprobó la instalación de estos negocios que habían sido considerados no hace mucho tiempo por el propio Gobernador y su partido como ilícitos.

En todo Tamaulipas, incluyendo a Nuevo Laredo, establecimientos de los giros antes mencionados comenzaron a operar o en su defecto reaperturaron, tras más de un año de prohibición.

La aprobación con 30 votos a favor y cuatro en contra, recibió tímidos cuestionamientos de la bancada del PRI en el Congreso ante la premura con la que se autorizó, por encima de otras iniciativas que llevan más tiempo en espera de revisión.

Una de esas tímidas posturas la planteó Antonio Tovar García, diputado del PRI:

“No es que estemos en contra de los casinos, el tema es la premura, se acaba de presentar la iniciativa; sabemos que puede generar empleos, que traería una inversión, pero tenemos que reunirnos los que estamos en esta Comisión para analizar el documento”, señaló.

Iniciativa de Decreto, cuando los casinos ya no eran "el demonio".
Iniciativa de Decreto, cuando los casinos ya no eran "el demonio".

De cuando la iniciativa de Decreto del 30 de mayo del 2017 los casinos eran el "demonio":

En su exposición de motivos Cabeza de Vaca justificaba para cerrar casinos “que es del dominio público que la delincuencia organizada tenía casinos para financiar sus operaciones”.

Aseguraba que el establecimiento de los casinos incidía por un lado en el factor salud, al representar la ludopatía una enfermedad de prácticamente nula atención por el sector salud y el sector de bienestar, por otro lado, el factor de inseguridad relacionado con el lavado de dinero.

Pero todo eso cambio muy pronto.

De cuando la iniciativa de Decreto del 20 de noviembre del 2018 los casinos... ya no lo eran:

En la exposición de motivos el documento que ahora planteaba abrir los casinos era muy claro:

Eliminar la prohibición para fortalecer las finanzas del Estado con impuestos cobrador por operar, por fijar apuestas, y hasta por los premios que los jugadores obtienen en esos negocios.

En resumen: más dinero. Los pretextos eran lo de menos:

“A través de la eliminación de la prohibición constitucional a los municipios para expedir autorizaciones, permisos o licencias sobre uso de suelo o construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o similares, cualquiera que sea su denominación se busca generar nuevas cadenas productivas de valor que indirectamente potencialicen el desarrollo económico, el bienestar social y la seguridad ciudadana”, señalaba la iniciativa de Decreto.

Se trata, dice el documento, de potenciar la libertad económica.

De atraer nuevas inversiones. De generar fuentes de empleo, de aumentar la competitividad porque el estado de Nuevo León se está llevando el dinero de los tamaulipecos que se trasladan a tierras regias para apostar en sus casinos.

“Permitir la instalación de estos centros significará el aumento de la competitividad del Estado en el mercado del entretenimiento, que hoy en día se ha visto transferido a las entidades federativas vecinas, principalmente el estado de Nuevo León a donde actualmente se trasladan la mayoría de los residentes de Tamaulipas para realizar actividades relacionadas con juegos, sorteos y cruce de apuestas”.

“Lo anterior implica una significativa salida de recursos económicos, que de invertirse en Tamaulipas representarían fuentes de ingreso y empleo fiscalizables, directa e indirectamente, para beneficio de todos sus habitantes”.

Clausuras y decomisos, la estrategia.
Clausuras y decomisos, la estrategia.

Cabeza de Vaca quiere una tajada de los 743 millones de dólares que según estudios económicos genera la industria del entretenimiento y apuestas en México.

Para él este negocio ahora es un círculo virtuoso: casinos-dinero-progreso, y “le apuesta” a los municipios fronterizos como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, cuyos habitantes han sido duramente castigados por la violencia.

Con los casinos, señala el documento, vendrán inversiones inmobiliarias, los municipios cobrarán más impuesto predial, con lo cual se podrá erradicar la marginación y la pobreza, haciendo accesibles a todos los tamaulipecos los servicios, infraestructura y espacios públicos necesarios para su desarrollo.

Cabeza de Vaca hizo números y cuentas, y le gustaron mucho.

En realidad no las hizo. Las tomó del vecino estado de Nuevo León que en su Ley de Ingresos de este año contemplaba estas cifras de recaudación provenientes de los casinos:

264 millones de pesos por el impuesto por obtención de premios.

531 millones de pesos por el impuesto a las erogaciones en las apuestas.

99 millones de pesos por el impuesto por la realización de apuestas y sorteos.

Unos 894 millones de pesos al año, que representan una cantidad superior al gasto en Tamaulipas dedicado a la Educación Media Superior, por ejemplo.

Con 894 millones de pesos al año, los casinos y los graves problemas que según Cabeza De Vaca causaban el año pasado a la seguridad y a la salud de los tamaulipecos desaparecieron del documento aprobado.

En esa exposición de motivos el Gobernador del Estado dice que ahora sí existen las condiciones propicias para que los casinos reabran sus puertas.

Tan existen esas condiciones que ya estiman reabrir unos 30 casinos el próximo año. Son 30 permisos para los mismos empresarios a los que se los clausuraron.

En Nuevo León hay un personaje que con apoyo de autoridades municipales y estatales domina la operación de casinos.

Un reportaje de la revista Proceso de septiembre 2011 revelaba su negro historial. A Juan José Rojas Cardona se le conoce como “El Zar de los Casinos".

Por lo bajo, en los cafés políticos de Ciudad Victoria, a Cabeza de Vaca ya le llaman "El Zar de los Permisos".