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TAMAULIPAS.- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que, de acuerdo a investigaciones, el hecho suscitado el pasado 5 de septiembre, cuando policías estatales repelieron una agresión en su contra en la que murieron ocho presuntos delincuentes en Valles de Anáhuac se trató de una ejecución extrajudicial.

En un comunicado, el organismo detalló que la ejecución se dio al estilo caso Tlatlaya; en ella participaron elementos de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y agentes de la Policía Estatal.

El organismo detalló que en la vivienda donde se realizó el operativo en el que según el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron abatidos ocho integrantes de la "Tropa del Infierno" del Cártel del Noreste, se constató que ahí vivía Severiano Treviño Hernández, exempleado de una refresquera, junto con su hija Kassandra y una menor de dos años.

En la casa no hay rastros de un enfrentamiento, pues dentro del espacio no hay evidencias de impacto de balas, solamente huellas de una ejecución extrajudicial, ya que a cada víctima le dispararon en la cabeza a corta distancia.

Algunos de los cuerpos de los hoy occisos estaban en el piso, mientras que otros fueron localizados recostados en una cama.

Asimismo, las cuatro viviendas aledañas no presentan impactos de bala, ni hubo civiles o autoridades heridas en el operativo.

Además, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo detalla que la imagen donde aparecen cuerpos de mujeres y hombres vestidos con uniforme militar y armas largas es un montaje.

Agrega que tampoco existen videos o imágenes de la "balacera"; por el contrario, el comité posee fotografías donde se ven a las autoridades comprando frituras y refrescos después del operativo.

Kassandra, la hija del dueño de la casa, aseguró que los agentes le perdonaron la vida a ella y a su bebé. Declaró que los policías la golpearon con armas, a la vez que la obligaron a ponerse un uniforme militar.

Por su parte, la camioneta asegurada supuestamente en el lugar, habría sido trasladada hasta el inmueble por una grúa de Tránsito municipal; el conductor, según el Comité, fue amenazado de muerte por elementos de la Policía Estatal para que no dijera nada de lo que vio.

Familiares de las víctimas ya presentaron querellas respecto a la ejecución extrajudicial y solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ante la desconfianza que prevalece sobre la Fiscalía estatal.