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TAMAULIPAS.- Por el caso de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2018, dirigida a Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador del Estado de Tamaulipas, por no dar la debida protección a una defensora de derechos humanos que fue privada de la vida, lo que es atribuible a siete servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPT), a la Procuraduría General de Justicia (PGJT) y a la Secretaría General de Gobierno (SGGT), todas de esa entidad federativa.

También fue violentado el derecho a la seguridad jurídica en agravio de la víctima y tres de sus familiares, atribuible a la SSPT. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, sufrió la desaparición de su hija Karen Alejandra en años pasados, por lo que decidió dedicar su vida a la búsqueda de personas en Tamaulipas.

La activista que lideraba el Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del 10 de mayo del año 2017, alrededor de las 22:30 horas.

“El comando criminal llegó a la casa de la compañera y disparó en múltiples ocasiones hasta herirla. Miriam, como todas y todos la conocíamos, murió en el traslado al hospital en San Fernando”, dijo la organización en un pronunciamiento luego del atentado.

En un comunicado emitido este la mañana de este miércoles, la CNDH indicó que la SSPT y la PGJT brindaban protección a la defensora debido a una fuga de reos del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas (CEDES Victoria), en la que la SSPT difundió que había participado un procesado por la desaparición y muerte de la hija de la defensora.

Esta Comisión Nacional acreditó que ambas dependencias no brindaron una protección idónea ni efectiva a la agraviada, ya que reportaron haber realizado rondines de vigilancia en el domicilio de la defensora, que su familia y amigos negaron, y que no contemplaron sus actividades y la importancia de las mismas, como eran las búsquedas de personas desaparecidas y el seguimiento que daba a las investigaciones ministeriales y procesos judiciales relacionados con desapariciones; tampoco consideraron el riesgo real y predecible en que estaba, al no prevenir que sus posibles agresores pertenecieran a la delincuencia organizada; además, las medidas no fueron modificadas cuando la defensora reclamó que no había tenido respuesta de las autoridades ante un incidente de seguridad.

La SSPT también violentó la seguridad jurídica de la víctima y sus familiares al difundir información inexacta que señalaba que en la fuga del CEDES Victoria participó uno de los procesados por la muerte de la hija de la defensora, sin que hasta el momento se tenga certeza de ello, a pesar de haberse constatado que estaba en prisión cuando la defensora fue privada de la vida. Sin embargo, la información difundida generó zozobra en la defensora, causando un daño de imposible restitución a su seguridad jurídica. Por ello, este Organismo Nacional recomendó al Gobernador del Estado de Tamaulipas reparar el daño a los familiares de la víctima; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas contra los siete servidores públicos involucrados; continuar con la investigación ministerial por el homicidio de la defensora para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

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