Activistas en BCS rechazan reforma que da poder al Gobernador sobre el uso de suelo

Diecisiete asociaciones y activistas de Baja California Sur alzaron la voz tras la aprobación de la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, que otorga al gobernador Víctor Castro Cosío la facultad de modificar el uso de suelo por decreto. La iniciativa fue votada ayer en el Congreso del Estado en medio de protestas, pancartas y reclamos de falta de transparencia.

“Falsos vendedores del territorio", "Traidores" y “La ciudad se planea no se decreta”, fueron algunas de las consignas que se escucharon desde las gradas. Algunos diputados como Fabricio del Castillo, Lupita Saldaña, Arlen Moreno y Gabriela Montoya solicitaron suspender la discusión para escuchar a los ciudadanos, pero la mayoría de la Legislatura mantuvo el tema en el orden del día y lo aprobó.

Horas después, las organizaciones firmaron un comunicado conjunto en el que rechazaron la reforma y alertaron que la medida representa “un retroceso democrático” y un riesgo para los espacios públicos, las áreas naturales y el derecho ciudadano a participar en las decisiones sobre el territorio.

¿Qué permite ahora la reforma aprobada por el Congreso de Baja California Sur?

La reforma modifica los artículos 17 y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para otorgar al Ejecutivo la facultad de declarar “Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico”. Bajo este esquema, el gobernador podría definir zonas de desarrollo o vivienda sin requerir la aprobación de los municipios ni los procesos participativos que marca la ley.

De acuerdo con el documento legislativo, el argumento oficial es agilizar la ejecución de políticas públicas en materia de vivienda y atender el rezago habitacional. Sin embargo, especialistas y colectivos advierten que la medida elimina la autonomía municipal y la participación ciudadana, al permitir que los cambios en la zonificación se realicen por decreto.

Organizaciones civiles advierten riesgos ambientales y urbanísticos

En un pronunciamiento público firmado por 17 asociaciones y activistas, la Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial de La Paz expresó su rechazo a la aprobación de la reforma. Señalaron que la iniciativa “pone en riesgo el respeto a zonas estratégicas ya reguladas por los programas de desarrollo urbano” y podría convertir áreas naturales, parques o terrenos de valor ambiental en proyectos inmobiliarios contrarios a la zonificación vigente.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran:

• Andrés Lucero Lucero
• Blanca Esthela Avilés Lucero
• BCSicletos Colectivo de Ciclismo Urbano A.C.
• Colaboratorio de Ciencias Sociales para la Sustentabilidad (CoLab) - Antonina Ivanova y Micheline Cariño
• Conexiones Climáticas A. C.
• Diego Ramírez Meza
• Iniciativa por los Mares y Costas de México - Liliana Gutiérrez Mariscal y Viridiana Gómez
• La Ruta de la Conexión
• John Moreno
• Juan Salvador Aceves Bueno
• Mangles del Manglito
• Mar Mujeres de Acción y Resiliencia
• Plataforma Colaborativa Esterito
• Reina María Macklis Marrón - La Ribera
• Sofia Alejandra Pérez Macklis - La Ribera
• Vanessa Lucero Avilés
• Judith Castro Lucero- Cabo Pulmo

Los firmantes exigieron la reactivación de los instrumentos de planeación pendientes, entre ellos el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU), cuya elaboración costó más de ocho millones de pesos y sigue sin publicarse.

Ciudadanía de Baja California Sur exige transparencia y participación

Durante la manifestación en el Congreso, arquitectas, urbanistas y vecinos coincidieron en que la iniciativa no fue socializada. “Llevamos cuatro meses pidiendo una mesa de trabajo y nos la dan media hora antes de votarla”, reclamaron integrantes de la Colegiatura de Arquitectos.

Otra de los asistentes señaló: “Si fuera el Carnaval o Chayanne sí se socializa, pero una ley así no. Nos enteramos de último momento”.

Los colectivos enfatizaron que no se oponen al desarrollo urbano ni a la vivienda social, sino a que estos proyectos se impongan sin consulta ni estudios ambientales. “Defender la planeación es defender el territorio”, resumió uno de los manifiestos distribuidos durante la protesta.

¿Qué exigen las asociaciones tras la aprobación de la reforma?

Las asociaciones firmantes del pronunciamiento hicieron un llamado al gobernador Víctor Castro Cosío y a los diputados locales a abrir un espacio de diálogo para construir soluciones al déficit de vivienda sin vulnerar los derechos ciudadanos ni los instrumentos de planeación urbana.

“El ordenamiento territorial debe garantizar acceso equitativo a bienes comunes, servicios básicos y un ambiente sano y seguro”, señalaron, recordando que el derecho a la ciudad está reconocido en la Constitución mexicana y que su cumplimiento depende de procesos participativos, no de decretos unilaterales.

Mientras tanto, la inconformidad social continúa creciendo. Colectivos y comunidades han adelantado que mantendrán su exigencia de transparencia y participación, advirtiendo que esta reforma podría marcar un precedente de concentración de poder sobre el territorio sudcaliforniano.