El mar es de todos, pero no para todos: bloquean más de 50 km de playas en La Paz, BCS

Vivir en Baja California Sur es tener el mar a la vuelta de la esquina, o al menos eso se supone. El colectivo local “Es mi playa, mi barrio” denunció en mayo de 2025 que más de 50 km de costas del municipio de La Paz están inaccesibles al público debido al cierre de 96 accesos.

Estas cifras, atribuidas a un informe de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) municipal.

Bloqueos de Playas en Baja California Sur

El Ayuntamiento de La Paz reconoce la existencia de numerosos accesos bloqueados. En los primeros meses de 2025, la administración municipal confirmó haber recibido múltiples denuncias por obstrucciones en caminos costeros.

De enero a abril de 2025 se registraron al menos ocho reportes ciudadanos formales de cierres o restricciones de acceso, aunque los activistas sostienen que la problemática es mucho mayor.

Voceros de “Es mi playa, mi barrio” han señalado, con base en datos municipales, que habría 96 puntos de acceso cerrados a lo largo de aproximadamente 53.4 kilómetros de litoral paceño.

La autoridad municipal ha admitido que algunas playas que deberían ser de libre disfrute han sido obstaculizadas por particulares, y ha emprendido acciones para revertirlo.

¿Quiénes están detrás del cierre de playas en La Paz?

Son varios los responsables que han contribuido a restringir el paso hacia la costa sudcaliforniana, y aunque lo hacen con distintos argumentos, el efecto es el mismo: el mar queda del otro lado de un muro.

En primer lugar están los propietarios privados y desarrolladores inmobiliarios, que al adquirir terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre levantan bardas, cercas o portones como si la playa fuera una extensión de su propiedad.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el acceso tradicional a Playa Punta Coyote, donde se construyó recientemente una barda de piedra con portón metálico, bloqueando un camino que por años fue usado por la comunidad.

En El Saltito – Rancho Las Cruces, también se colocaron portones que derivaron en un juicio de amparo contra el Ayuntamiento. En Todos Santos y Pescadero, los conflictos se repiten cada vez que un nuevo proyecto inmobiliario decide que la playa es solo para sus residentes o clientes.

También están los concesionarios de ZOFEMAT, como restaurantes o clubes de playa, que operan legalmente sobre la franja costera pero rebasan sus permisos: colocan mesas, camastros o hasta estructuras fijas que impiden el libre paso por la playa.

En Pichilingue, por ejemplo, algunos negocios han llegado al punto de instalar vallas de alambre y cintas de seguridad, obligando a la gente a caminar por el agua para sortear los obstáculos.

En ciertas zonas, ejidos y comunidades locales también han sido señalados por restringir accesos o cobrar cuotas de entrada. Aunque muchos ejidatarios colaboran en mantener abiertos los caminos, otros argumentan que las brechas cruzan por sus tierras y buscan controlar o monetizar el paso.

Finalmente, las autoridades gubernamentales también tienen responsabilidad, aunque sea por omisión. Concesiones mal otorgadas, catastros desactualizados, falta de vigilancia por parte de PROFEPA y ZOFEMAT, o simplemente mirar hacia otro lado cuando se construyen bardas ilegales, han permitido que estas prácticas se normalicen.

La actual administración municipal ha reconocido que heredó un panorama lleno de accesos cerrados de facto, y que por años las denuncias ciudadanas no se atendieron. Desde 2023, sin embargo, se han dado pasos para revertir esa inercia.

Hoy, los ciudadanos piden identificar a cada responsable, sancionar donde haya que sancionar y restablecer el derecho colectivo al mar. Porque las playas no son patrimonio privado, son parte del alma sudcaliforniana.

¿Cómo bloquean el paso a las playas de La Paz, BCS?

Los tipos de cierre van desde lo discreto hasta lo descarado:

• Barreras de piedras o zanjas.
• Cercos de alambre con portones cerrados con candado.
• Casetas con personal de seguridad que impide el paso.
• Bardas completas como parte de hoteles, desarrollos o propiedades privadas.

Y todo esto, aunque la playa esté a unos metros y la ley diga que deberías poder llegar caminando sin problema.

¿Por qué hay cierre de accesos si la ley garantiza playas libres?

Porque en la práctica, el marco legal no basta, aunque la Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas son propiedad de la Nación, y la Ley de Tránsito Terrestre de Baja California Sur reconoce como legales los accesos por brechas, veredas y caminos vecinales.

Esto se queda en el papel cuando el catastro no está actualizado y los permisos de construcción ignoran el paso público.

El colectivo denuncia que el problema radica en una cadena de omisiones institucionales:

• Los ayuntamientos permiten el cambio de uso de suelo y construcción sin revisar servidumbres de paso.

• La SEMARNAT no registra adecuadamente las zonas federales ni los accesos legales en áreas rurales o costeras.

• Los desarrolladores aprovechan vacíos legales para incorporar vías públicas a terrenos privados.