El mar es de todos pero no para todos: denuncian cierres en el Pacífico de Todos Santos

De acuerdo a organizaciones civiles, las playas del Pacífico en Todos Santos, que están en el municipio de La Paz, están cerradas al público al igual que muchas otras en Baja California Sur.

En muchos casos, las empresas que construyen hoteles, casas o desarrollos turísticos son las que han puesto cercas, portones u otras barreras que impiden que las personas puedan entrar libremente. 

Video | Privatización de playas en Baja California Sur

¿Por qué denuncian cierres en playas del Pacífico en Todos Santos?

En los últimos días, diversas denuncias han circulado en redes sociales sobre el cierre de accesos públicos a playas en la zona del Pacífico, específicamente en el Pueblo Mágico de Todos Santos.

Activistas y colectivos han señalado que aunque las playas son bienes públicos por ley, en la práctica muchas de ellas han sido bloqueadas por cercas, portones o construcciones que impiden el libre paso de las personas.

Según datos compartidos por estos grupos, hay al menos 96 accesos cerrados en el municipio, algunos de ellos registrados oficialmente como caminos públicos.

Estos cierres no solo afectan el paso a estas zonas, sino también limitan el uso del mar, lo cual ha generado preocupación en comunidades locales que dependen de estas áreas para actividades recreativas, culturales o incluso productivas.

¿Qué tipo de accesos están siendo bloqueados en playas de La Paz?

Los accesos afectados incluyen vialidades catastrales, caminos tradicionales, rutas registradas en la Red Nacional Vial, brechas, veredas y senderos.

Los cierres se han realizado con diferentes métodos, como cercas de alambre, portones, piedras, casetas de vigilancia o construcciones.

Aunque muchos de estos caminos figuran como públicos en registros oficiales, en la práctica han sido restringidos o integrados a predios privados.

También se han identificado zonas con mayor concentración de accesos cerrados, como el corredor de Todos Santos y otras regiones del litoral del Pacífico, donde se encuentran playas de mayor extensión.

Esto ha llegado al punto en que algunas empresas han tratado de quedarse con los accesos, como pasó con una cadena de hoteles en Los Cabos, por un camino cercano al mar en la zona de Cabo del Este, donde no querían permitir el paso libre.

¿Por qué están ocurriendo estos cierres si las playas de La Paz son públicas?

Aunque la ley establece que las zonas costeras deben ser libre, las denuncias apuntan a una falta de cumplimiento y vigilancia por parte de autoridades municipales y estatales.

Algunos caminos no están debidamente registrados en catastro o han sido autorizados para cambiar su uso de suelo, lo que ha permitido que sean absorbidos por desarrollos privados.

Esto ocurre a pesar de que, por ley, estos sitios y sus accesos deben mantenerse abiertos y disponibles para toda la población.

El acceso restringido a estos espacios también ha sido relacionado con procesos de urbanización, desarrollo turístico y cambios en el uso del territorio sin la actualización correspondiente en los registros oficiales.

Los activistas han comenzado a difundir información para visibilizar estos cierres y están pidiendo la actualización del registro catastral de caminos, así como la creación o reconocimiento de servidumbres de paso en zonas rurales y urbanas.

También exigen que los ayuntamientos y otras autoridades competentes supervisen los permisos de construcción y uso de suelo que afectan el paso público.

Además, han señalado que el acceso al mar no solo es un derecho garantizado legalmente, sino que forma parte del bienestar colectivo en un estado como Baja California Sur, que cuenta con más de 600 km de litoral solo en el municipio de La Paz.

¿Cómo afecta a los paceños el cierre de playas en La Paz?

El hecho de que zonas naturales sean bloqueadas limita el derecho de las personas a usar un recurso natural que debe estar disponible para todos.

Esto también afecta la movilidad, el turismo local, la recreación y actividades económicas que dependen del mar.

Las denuncias mencionan que el control del acceso es, en muchos casos, también el control del uso del territorio costero, lo cual podría tener consecuencias a largo plazo en la forma en que se disfruta y protege el litoral sudcaliforniano.

Varias organizaciones han señalado que algunas inmobiliarias y negocios están cometiendo estos actos. También consideran que el gobierno estatal y municipal no ha hecho lo necesario para evitarlo, lo que ha permitido que el problema siga creciendo.