La PGJE sostiene que todo se originó por movimientos administrativos y deficiencias internas. Foto: Gobierno de Baja California Sur
Exagente acusa al procurador de BCS, Antonio López, de violencia de género y fabricar una carpeta de investigación
Luego de que el procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, diera a conocer que había 6 personas sin vida tras ataques en dos casas de Loreto, Baja California Sur, volvió a quedar en medio de la polémica.
Se dio a conocer que una exagente del Ministerio Público señaló a autoridades estatales por presunta violencia de género, amenazas y la fabricación de una carpeta de investigación en su contra.
Video | Entrevista con Antonio López Rodríguez
¿Qué denunció la exagente del Ministerio Público contra el procurador Antonio López Rodríguez?
La situación involucró directamente al procurador del Estado, quien llevaba menos de cinco meses en el cargo. Todo salió a la luz porque la propia denunciante lo contó, y después se contrastó con la versión oficial de la Procuraduría estatal.
La exagente, identificada como Thalía, presentó el 15 de agosto de 2025 una denuncia donde aseguró haber sufrido agresiones, discriminación y presiones laborales por parte del procurador y del oficial mayor, César Eduardo Juárez Castillo.
También señaló que, días después de empezar su proceso legal, le abrieron una carpeta de investigación por presunto ejercicio ilícito del servicio público, lo que ella interpretó como un intento de frenar sus señalamientos.
Según su versión, ese expediente se generó siete días después de hacer formal su denuncia. La Procuraduría, por su lado, explicó que todo se derivó de procedimientos administrativos por “deficiencias detectadas” en su trabajo.
En su declaración, Thalía contó que mientras estuvo en la Unidad de Alto Impacto vivió varios episodios que atribuyó al procurador y al oficial mayor.
Cambios constantes de área, baja de sueldo, presiones para renunciar y la supuesta fabricación de una carpeta por haber atendido —vía Zoom— una audiencia en la que fue citada por una magistrada, cuando ya no estaba adscrita a esa unidad.
La denunciante explicó que la carpeta LPZ/6593/2025/NUC fue cerrada el mismo día que la presentó por decisión de Lidia Mena Cázares, subprocuradora de Justicia Alternativa y subordinada del procurador.
Tras impugnar, un juez de control ordenó reabrirla, pero Thalía aseguró que aun así se le seguía negando acceso para entregar las pruebas que decía tener.
Después de que el caso se hiciera público, la presunta víctima afirmó que el funcionario había frenado la acusación en su contra.
¿Qué dice la denuncia por presunto acoso sexual contra el procurador Antonio López Rodríguez?
De acuerdo con el medio MetrópoliMx, la denuncia señaló que el ahora titular de la PGJE, cuando era subprocurador regional de Procedimientos Penales de la Zona Sur, presuntamente ofrecía favores sexuales a cambio de privilegios dentro de la institución.
La agente del Ministerio Público T.O.G., cuya denuncia también fue documentada por MetrópoliMx, contó que el 16 de agosto de 2024 fue a la oficina del oficial mayor César Eduardo Juárez Castillo para preguntar por viáticos de una comisión.
Según su versión, Juárez Castillo respondió con ofensas, burlas y comentarios que ella calificó como misóginos, como decirle que “no valía nada como mujer”, además de advertirle que podía bajarle el sueldo, moverla de área o despedirla cuando quisiera.
La víctima afirmó que el funcionario cerró con llave la oficina, la dejó sola con él y le gritó que “nunca le iba a ganar”, incluso mencionó que podían quitarle sus armas de cargo para que la mataran, lo que ella interpretó como una amenaza directa.
Asustada, empezó a grabar la conversación para tener evidencia. También dijo que el oficial mayor le aventó una pluma antes de salir de la oficina, momento en el que ella pudo retirarse.
Después de ese día, T.O.G. explicó que comenzó un hostigamiento laboral: mensajes indirectos para desacreditarla, menos apoyo para viáticos, sin gasolina, sin mantenimiento a patrullas y comisiones asignadas en condiciones precarias.
Según su denuncia, esta situación se intensificó cuando Antonio López llegó como titular de la Procuraduría, ya que empezaron cambios constantes de adscripción, baja de sueldo y más presiones que ella interpretó como parte de un patrón de violencia de género.
La víctima dijo que, tras un convivio privado entre altos funcionarios, le realizaron más cambios de adscripción y le exigieron entregar sus armas, además de asignarle oficinas sin ventilación, sin equipo y con mobiliario en mal estado.
Al final, decidió presentar su denuncia penal, entregando audios, videos, capturas de pantalla y oficios como pruebas, según lo publicado por el medio.
En ese momento, según su abogado, el caso podía llegar incluso a la Corte Interamericana debido a la falta de transparencia que señalaban.
¿Qué respondió el procurador Antonio López Rodríguez?
Según el área de Comunicación Social de la Procuraduría estatal, la acusación por violencia de género se originó después de que le notificaran a la exagente su cambio de unidad por supuestas “deficiencias detectadas” en su trabajo.
La institución explicó que ese movimiento había generado inconformidad y que después se desató una campaña de desprestigio en redes sociales en contra del procurador.
También detallaron que se había iniciado un procedimiento administrativo por presunto maltrato hacia compañeros de oficina, lo que llevó a un segundo cambio de área.
De acuerdo con la versión oficial, la exagente no se presentó a su nuevo puesto, pidió varios permisos seguidos y luego renunció de manera voluntaria.
Sobre la carpeta abierta en su contra, la dependencia comentó que el oficial mayor fue incluido por un tema relacionado con viáticos. Además, la Procuraduría recalcó que “por parte del procurador nunca ha habido amenazas ni discriminación”.
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¿Qué dicen otras autoridades involucradas en el caso contra el procurador Antonio López Rodríguez?
La denunciante afirmó que funcionarios del Poder Judicial también habían actuado en su contra. Señaló al juez de control Adrián Ramos Hinojosa, quien había sido citado para llevar su audiencia de imputación programada para el 8 de enero de 2026.
Según su versión, este juez era pareja de María Eugenia González, subprocuradora de Atención a Víctimas nombrada recientemente por el procurador, algo que consideró un conflicto de interés. También recordó que antes ya había presentado una queja contra el mismo juez, pero fue desechada.
Cuando la prensa preguntó sobre el caso, el gobernador Víctor Manuel Castro dijo que podían revisarlo si se daban los datos de la carpeta o la identidad de la denunciante.
Señaló que no habría favoritismos y mencionó que la denuncia previa por acoso sexual contra el procurador —expediente SJC/2515/2023/NUC— no avanzó por falta de elementos, de acuerdo con la información que recibió el Ejecutivo estatal.
Por otro lado, la magistrada presidenta Claudia Cota Peña también fue señalada por la denunciante por presunto maltrato, luego de que ella expresara su inconformidad con la asignación del juez Ramos Hinojosa.
De acuerdo con su testimonio, la magistrada le dijo que confiaba en su personal y que podía usar los recursos legales disponibles.
Días después de que el caso tomó fuerza pública, el Poder Judicial notificó a otra denunciante —la del expediente de 2023 por acoso sexual— que no se ejercería acción penal contra el procurador, quien había asumido el cargo en junio de 2025 con 21 votos a favor del Congreso del Estado.
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