Lizeth Collins y el turbio vínculo de la Comisión de Búsqueda de Personas de BCS con el narcotráfico

El martes 22 de julio, una bomba explotó al interior del Gobierno de Baja California Sur: se acusó a la actual administración de suministrar camionetas para la colocación de narco mantas. Todo esto sucedió mientras su titular, Víctor Castro disfrutaba de las fiestas de la Guelaguetza en las calles del estado Oaxaca,

El procurador de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez identificó al menos tres vehículos del Gobierno del Estado para la colocación de narco mantas y acusó a Raúl “N”, ex director de Recursos Materiales de la Comisión de Búsqueda de Personas, de ser la persona a quien fueron asignadas previamente. 

Esta acusación del Procurador estatal puso bajo la lupa la labor de la Comisión de Búsqueda de Personas, a cargo de Lizeth Collins Collins.

¿Cuáles son los antecedentes de Lizeth Collins? 

Collins Collins es una activista y luchadora por la defensa de los derechos humanos en Baja California Sur, en los últimos 18 años. 

Collins Collins es originaria de Los Cabos y tiene 33 años de edad. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos en la misma institución educativa.

Cuenta con una trayectoria sólida en materia de defensa de derechos humanos: ha participado en más de 50 cursos, diplomados y congresos, en temas relacionados con la justiciabilidad de los derechos universales, mecanismos alternativos en materia penal, atención a migrantes; y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También se desempeñó como asesora jurídica en la Asociación Civil Mujeres y Desarrollo, una organización enfocada en el desarrollo comunitario y la equidad de género, de junio a diciembre de 2007.

Se desempeñó como visitadora adjunta, primera visitadora y visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS, de 2008 a 2017. Fue también encargada de la presidencia de dicha comisión del 9 de septiembre del 2018 al 8 de mayo del 2019 y en octubre del 2019 fue nombrada como Comisionada estatal.

De acuerdo a la información emitida por la misma Comisión, en los últimos tres años el 93 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas han sido halladas con vida.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas fue formalmente creada tras la publicación de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en agosto de 2019, con el propósito de atender uno de las tragedias humanas que afecta a la entidad: la desaparición de personas.

En 2019 se lanzó una convocatoria pública para elegir a la persona titular de la nueva Comisión, con participación de colectivos de víctimas, academia, sociedad civil y autoridades.

El proceso incluyó la integración de un Órgano Técnico de Consulta compuesto por la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instituciones académicas y organizaciones civiles. Tras la revisión de expedientes y planes de trabajo, se seleccionó una terna final: Carlos Morán Escobar, Alicia Núñez Escobar y Collins Collins.

El 30 de septiembre de 2019 Castro designó a Collins Collins como comisionada estatal de búsqueda y tomó protesta como titular de la nueva institución.

Sin embargo, este trabajo se ha visto opacado por la reciente acusación que hizo López Rodríguez sobre las camionetas asignadas a la Comisión de Búsqueda de Personas y que fueron utilizadas para colocar narcomantas en la entidad. 

Una de las narcomantas fue localizada el 9 de julio pasado en el puente ubicado rumbo al aeropuerto de La Paz, en el que se difundieron amenazas a autoridades judiciales, policiales y militares, exigiendo la liberación de personas detenidas en Ciudad Constitución. 

La siguiente manta fue localizada la madrugada del 16 de julio y exhibía una acusación directa en contra del gobernador de Baja California Sur, a quien acusó de recibir 700 mil dólares semanales por parte del crimen organizado. El mensaje fue firmado por el grupo identificado como “MR”.

Ante las acusaciones de infiltración de la delincuencia organizada en la institución, las víctimas exigieron una depuración a fondo del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y una investigación a fondo para todos los responsables del hecho.

Todo el peso de la justicia y queremos resultados. Resultados sobre todo de esto, porque creo que como familias, como colectivos, merecemos respeto, respuestas, y también estamos en espera de que todo esto se esclarezca. Es indignante. Solamente... creo que esa sería la palabra: indignación total

Rosalba Ibarra - Coordinadora del Colectivo de Búsqueda por La Paz.

¿Es BCS una entidad de desaparecidos? 

Desde la creación oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda el 30 de septiembre de 2019 hasta la actualidad, se han reportado dos mil 96 personas como desaparecidas o no localizadas. 

El 38 por ciento del total de las personas reportadas no han sido localizadas, es decir, 803 personas, de las cuales, 681 son hombres y 122 son mujeres. El 62 por ciento restante, es decir, mil 293 personas han sido localizadas, de las cuales mil 136 han sido con vida y 157 sin vida. 

La Paz es el municipio con el mayor número de casos, con 962 registros históricos; le siguen Los Cabos, con 835; Comondú, con 128; Mulegé, con 106; y Loreto, con 36.

Solo entre septiembre de 2021 y el 5 de agosto de 2024, se localizaron 965 personas, el 93 por ciento con vida.

En lo que va de 2025, se han localizado 22 osamentas humanas en una sola zona de la carretera rumbo a San Juan de la Costa, municipio de La Paz, y que fueron distribuidas en 18 fosas clandestinas.

Los restos fueron hallados en La Paz, de los cuales se identificó que 21 eran hombres y una mujer, según reportes preliminares.

Violación del sigilo procesal

Arturo Rubio Ruíz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, reprobó que la Procuraduría estatal revelara el nombre del funcionario que es investigado y que fue relacionado con las camionetas usadas para la colocación de narcomantas, aún cuando existe una resolución judicial en su contra.

Para el abogado, la rueda de prensa otorgada por la Procuraduría estatal fue un manejo político que debilita la legitimidad de las instituciones y que busca desacreditar el trabajo de la Comisión estatal, una institución que ha realizado su trabajo con participación ciudadana, consideró.

“Eso viola el sigilo procesal y la presunción de inocencia”, señaló.

“Es evidente que la reacción solo ocurrió cuando en las mantas se mencionó al gobernador. Antes de eso, hubo más de 40 mantas y no vimos la misma premura”, relacionó el abogado.

Rubio Ruíz reiteró que el esfuerzo real por encontrar a las personas desaparecidas lo realizan los familiares, pero necesitan a instituciones sólidas que los acompañen en el proceso y no linchamientos mediáticos.

“No se puede generalizar ni dinamitar una institución entera por la conducta de un funcionario. Eso sería una irresponsabilidad institucional”, dijo.