Fiscalía de CDMX va tras falsos avisos de bomba: buscan castigos más duros
La Ciudad de México se prepara para un endurecimiento significativo en su marco legal penal contra el delito de amenazas de bomba, como parte de las reformas anunciadas en el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a través de su titular Bertha Alcalde Luján, ha presentado una iniciativa de reforma al Congreso local con el objetivo principal de incrementar y agravar las sanciones por esta conducta.
¿Por qué el Gobierno de la CDMX busca endurecer las penas por amenazas de bomba?
El impulso de esta reforma se basa en la necesidad de abordar el delito de amenazas no como un hecho aislado, sino como la antesala de crímenes mayores, como homicidios, lesiones con arma de fuego o ataques con explosivos.
La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, ha sido clara al destacar que la finalidad de la reforma es analizar las amenazas en su contexto delictivo real.
La experiencia en la procuración de justicia indica que en muchos casos, la amenaza es el primer acto visible que precede a la consumación de delitos de alto impacto.
Bajo esta perspectiva, la reforma busca que las autoridades puedan aplicar castigos más proporcionales a la gravedad que implican los avisos intimidatorios.
No solo las amenazas que involucren un daño a la integridad física serán sancionadas con mayor rigor, sino también aquellas que desestabilizan el orden público y generan un riesgo colectivo, como se ha visto recientemente con los avisos de bomba.
Todo esto por los recientes antecedentes de amenazas de bomba en diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Qué se considerará una amenaza de bomba con las reformas que plantea el Gobierno de la CDMX?
La propuesta de reforma se centra en modificar el Artículo 29 del Código Penal de la CDMX para establecer una serie de agravantes específicas, focalizando la atención en aquellas amenazas que representan un peligro más inminente y generalizado para la población.
Las cinco principales agravantes que se buscan integrar al Código Penal son:
- Amenazas de bomba o explosivos: Incluyendo los avisos que generan movilización de cuerpos de emergencia y alarma colectiva.
- Amenazas de muerte.
- Amenazas con armas de fuego o punzocortantes: Por la alta probabilidad de que el daño se concrete.
- Amenazas a testigos: Dirigidas a quienes participan en un proceso penal, buscando evitar la obstrucción de la justicia.
- Amenazas vinculadas al Crimen Organizado: Cuando la persona que amenaza se ostenta como parte de una banda delictiva.
Endurecimiento de sanciones: De meses a años de prisión
Actualmente, las penas por el delito de amenazas en su modalidad simple en la CDMX son considerablemente bajas.
La iniciativa de la Fiscalía plantea un aumento significativo en las penas de prisión para los casos graves:
- Aumento en la Pena Base: La pena para las amenazas consideradas graves pasaría del mínimo actual a un rango de uno a dos años de prisión.
- Triplicación de la Pena: La reforma propone que las penas puedan aumentarse hasta en dos terceras partes cuando concurran las agravantes mencionadas.
Esto significa que las amenazas más graves, como las que implican el uso de armas, la participación de grupos criminales o el riesgo colectivo (ej. amenazas de bomba), recibirían una sanción penal mucho mayor que la contemplada actualmente.
De aprobarse, esta reforma representaría un cambio de paradigma en la forma en que el sistema de justicia de la capital persigue y castiga los actos intimidatorios.
Un avance clave en la administración de Clara Brugada y que reafirma lo dicho en su Primer Informe de Gobierno.
